La autoridades españolas de la competencia multaron por 203,6 millones de euros (unos 207 millones de dólares) a seis de las principales constructoras del país por haber alterado durante 25 años la competencia en "miles" de licitaciones para construir infraestructuras públicas.
Las empresas multadas son Acciona Construcción S.A. (29,4 millones de euros), Dragados S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción S.A. (16,7 millones).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC), autoridad de la competencia en España, multó a las compañías por "haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras", según explicó este jueves en un comunicado.
Las compañías, grandes actores del sector en España, formaban un "Grupo" que se reunía semanalmente desde 1992 hasta su disolución en 2017 para analizar las licitaciones que publicaba el Estado.
En esos encuentros "decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones", explica la nota. Igualmente, añade, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos convocados por las administraciones.
En el caso de las obras públicas de interés general, la oferta técnica suele ser la variable de mayor importancia a la hora de decidir quién se hace con la licitación.
Este intercambio de informaciones para presentar los proyectos incumple, según señala la CNMC, los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones, además de eliminar la independencia que se exige a las empresas en los procesos de contratación pública.
"Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", agrega la nota, que califica las conductas como una "infracción muy grave" de los artículos 1 de la ley española de defensa de la competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las empresas tienen ahora dos meses para recurrir la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional.
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