Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron quejas de exiliados uigures para investigar a China por supuesto genocidio y crímenes contra la humanidad, informó la oficina del organismo en un informe el lunes.
Los uigures presentaron un enorme expediente de evidencias a la Corte en julio acusando a China de aislar a más de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en campamentos de reeducación situados en la región de Xinjiang, y de estirilizar obligatoriamente a las mujeres.
Pero la oficina de la fiscal Fatou Bensouda dijo que no estaba en condiciones para actuar porque los supuestos hechos ocurrieron en territorio de China, que no es un país miembro de la CPI.
Tampoco existen "bases para actuar por ahora" sobre quejas separadas de deportaciones forzadas de uigures hacia China realizadas desde Tayikistán y Camboya, añadió la CPI.
Los uigures argumentaron que la CPI puede actuar porque las deportaciones se hicieron desde territorio de Tayikistán y Camboya, y ambos son miembros de la CPI.
Los abogados de los uigures pidieron a la corte reconsiderar el caso "con base en nuevas evidencias", dijo el informe de la CPI.
Desde hace varios años, Xinjiang, vasta región semidesértica del noroeste de China, azotada por sangrientos atentados, es objeto de un firme control en nombre de la lucha antiterrorista.
El principal grupo étnico de Xinjiang son los uigures, en su mayoría musulmanes que hablan un idioma relacionado con el turco.
Según organizaciones de derechos humanos, más de un millón de personas han sido internadas en "campos".
China afirma que se trata de "centros de formación profesional", destinados a ayudar a la población a encontrar un empleo y así alejarlos del extremismo religioso.
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