El Gobierno boliviano advierte con acciones legales contra empresa española

En la imagen un registro del ministro interino de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, declaró que hasta ahora pagaron unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la firma IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato. EFE/Martín Alipaz/Archivo
En la imagen un registro del ministro interino de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, declaró que hasta ahora pagaron unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la firma IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 21 may (EFE).- El Gobierno interino de Bolivia advirtió este jueves de que iniciará acciones legales contra la empresa española que le vendió unos respiradores para hospitales, si no accede mediante una conciliación a revisar el contrato, porque no está dispuesto a pagar un sobreprecio.
El ministro interino de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, declaró a los medios en La Paz que hasta ahora pagaron unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la firma IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato.
Álvaro Coimbra manifestó que se pedirá a la Fiscalía en España información sobre la situación legal de esta empresa, que es una intermediaria, no el fabricante.
El acuerdo está bajo investigación judicial en Bolivia en un proceso por supuesta corrupción, con al menos cinco detenidos, entre ellos el exministro interino de Salud Marcelo Navajas.
Bolivia pagó hasta el momento unos 12.000 dólares por cada equipo, pero el contrato prevé un total de algo más de 27.000, por complementos y actualización de software, un costo considerado excesivo que derivó en el proceso judicial.
Coimbra dijo que buscarán por otro lado esos complementos y el software necesario para que puedan usar los respiradores, pensados para pacientes críticos con coronavirus, si no resulta la conciliación con la empresa, porque no están dispuestos a pagar un sobreprecio.
La autoridad explicó que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional alertó al de Salud de que el contrato se tramitó de forma inusualmente rápida, en cuatro días, se negó documentación cuando fue solicitada y hubo procedimientos en los que no debía participar el entonces ministro interino, pues correspondían a una entidad estatal autónoma de su departamento, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico.
Un asesor jurídico renunció y una abogada fue despedida cuando observaron el proceso, comentó Coimbra, quien consideró que la contratación se debió anular.
El titular interino de Justicia subrayó que se ordenó paralizar cualquier nuevo pago y que el Ejecutivo transitorio pide prisión preventiva para los detenidos, además de que se congelen sus cuentas e intervengan sus bienes, pues espera una actuación judicial rápida y sentencias que muestren que se lucha contra la corrupción en el país.
El caso es el mayor escándalo de corrupción en los seis meses que lleva en el poder de forma interina Jeanine Áñez en Bolivia, cuyo Gobierno transitorio es cuestionado por su gestión de la emergencia ante el COVID-19, a lo que argumenta que heredó un sistema de salud precario de su antecesor Evo Morales con carencias de personal y materiales.
Bolivia registra 199 fallecidos y 4.919 casos confirmados de COVID-19, en un país de unos once millones de habitantes.

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