El pasado jueves 12 se realizó la primera marcha en quince años que reunió a todos los sindicatos docentes y no docentes universitarios, a centros de estudiantes de todas las universidades del área metropolitana de Buenos Aires y muchas del interior, a graduados y estudiantes, a organizaciones políticas que no registran muchas marchas conjuntas en su haber, a gente "suelta", solidaria con la causa.
¿Cómo se gestó este acto en el que confluyeron más de 50.000 personas frente al ministerio de Educación de la Nación?
La respuesta a este interrogante, como los icebergs, tiene dos niveles: una parte sobre la superficie y otra debajo.
Comencemos por lo que está a la vista: la movilización tuvo como contexto preciso la paritaria docente en la cual el Ministerio de Educación proponía un magro 30 por ciento de incremento a completarse a principios de 2017; confirmando -con esa propuesta- la tesis del gobierno que sostiene que sincerar la economía es sinónimo de estrangular el bolsillo de los trabajadores.
EL segundo aspecto también ligado al estrangulamiento financiero de la comunidad universitaria es el aumento desbocado de los precios de la economía -con excepción de los salarios, claro- que produce un fuerte impacto en los gastos de universidades, por ejemplo a la hora de comprar cualquier insumo: desde libros hasta insumos importados para laboratorios pasando por computadoras.
Si a ello le sumamos los aumentos del 400 por ciento promedio de los servicios básicos de luz, gas y agua, servicios de uso intensivo como en cualquier otra institución masiva, asistimos a un escenario de drástico desfinanciamiento y, como consecuencia de ello, paulatino achicamiento de las instituciones de educación superior: si no hay plata para pagar la luz habrá menos cursos en horario nocturno, menos estudiantes que trabajen podrán asistir a la universidad y así comenzará a achicarse uno de los mayores símbolos de la movilidad social ascendente como es la universidad pública.
Hay más. Dijimos que como un iceberg que tiene una parte, mayor incluso, debajo de la superficie, lo que está en juego con la universidad por estos días son los propios fundamentos del sistema público argentino. Nos referimos a la decisión política que supone que el Estado garantice la inversión financiera en el sistema en pos de construir una universidad cada día más inclusiva, de mayor calidad, con mejor investigación, transferencia, tasas de graduación y vinculación con los entornos sociales, productivos y tecnológicos.
Pero ¿en qué entorno se inserta la universidad argentina hoy? ¿Cuál es el modelo de acumulación y ahí el rol del sistema de educación superior, ciencia y tecnología nacional? A cinco meses del cambio de gobierno no está claro cuál es el agente de acumulación principal de esta etapa porque algunas medidas eclipsan los efectos de otras, pero sí está claro que los fondos buitres cobraron en efectivo y los grandes exportadores -sean del agro, minería o industria- se beneficiaron con una quita de retenciones suculenta y un dólar devaluado en un 50%, en paralelo que disminuye el poder de compra del conjunto de la sociedad por el aumento de la desocupación y el aumento de precios de prácticamente todos los rubros de la economía, bienes y servicios. Entonces, si estamos yendo a un modelo de mayor exclusión en lo social y, en lo económico, a un esquema de inserción internacional en base a las ventajas comparativas versión siglo XXI, ¿qué rol ocupará la universidad pública?, ¿cuántos graduados necesitará el país?, ¿cuántas becas para ingenieros?, ¿cuánta inversión a proyectos de investigación y transferencia tecnológica en las universidades, los mayores organismos de CyT de nuestro país?
El debate político tiene dos caras, como una moneda: en una de ellos la lucha por no retroceder en las conquistas materiales y simbólicas logradas con años de esfuerzo, inversión y trabajo; la otra cara, interactiva a la primera de modo definitivo, es el rol de la universidad en la Nación, en sus aspiraciones de crecimiento y desarrollo. Acá el panorama es más oscuro, ya que el gobierno como modelo económico tiene su símbolo en lanzar un programa junto a la multinacional del payaso en el que a los jóvenes se les pague debajo del salario mínimo vital y móvil, a la vez que subsidiado por el Estado nacional -para esto sí hay subsidios- a la vez que tratándose de empleos en el sector servicios con escaso valor agregado....
La marcha del pasado jueves tuvo en esas dos razones sus principales fundamentos. Tuvo, y esto es importante resaltarlo, también una participación masiva de toda la comunidad porque se trata de un sector que vivió en los doce años de gestión kirchnerista un minucioso cuidado y apoyo. En el desarrollo de condiciones materiales y subjetivas de la década ganada se germinó una conciencia en una comunidad que antes de ganar había estado en riesgo extremo durante la década neoliberal previa, en los años 90. Sin el miedo a perder lo logrado en esos doce años tampoco se podría explicar por qué tantos y tantas pusieron el cuerpo, sus cabezas y corazones en aquella jornada.
Entonces, frente a este escenario tenemos el enorme desafío de continuar construyendo conciencia tanto en la comunidad universitaria como en el conjunto de la sociedad sobre la importancia que tiene el sistema de educación superior nacional, sobre sus desafíos y sus cuentas pendientes, que son muchos y nunca deben ser negados, pero jamás podremos saldarlos sobre la base de su desfinanciamiento. Merecemos un país equitativo en lo social y desarrollado en lo económico y eso sólo es posible con un vigoroso sistema de universidades en todo el territorio. Claro, con la conciencia sola no alcanza, necesitamos construir y fortalecer la trama social universitaria y la movilización. En esa intersección se juega el futuro de la educación superior argentina y la expectativa de movilidad social ascendente de las mayorías.
iEx Subsecretaria de Políticas Universitarias (2011-2015)/i