La Legislatura vota el proyecto de ley que pone en venta el Tiro Federal

Este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires trataría y sancionaría el polémico proyecto de ley que establece la creación de una Agencia de Bienes porteña, una entidad encargada de administrar y vender terrenos públicos de la Ciudad, entre ellos el Tiro Federal Argentino.

En las últimas semanas, la iniciativa fue objeto de toda clase de críticas por parte de grupos de vecinos, distintas organizaciones y consejos de arquitectos, quienes públicamente manifestaron su rechazo a la propuesta. Cabe señalar que el proyecto ya fue aprobado el pasado 3 de diciembre, pero la Constitución obliga a que haya un procedimiento de "doble lectura" para este tipo de cuestiones antes de que pase al recinto.

De acuerdo con el texto de la norma, la Agencia de Bienes podrá disponer de los terrenos ocupados por el Tiro Federal Argentino, ubicado en Avenida del Libertador y Udaondo, y del predio conocido como "El Dorrego", que está en el barrio de Colegiales.

La intención del gobierno porteño es crear un "Parque de la Innovación" en Núñez, y un "Centro Metropolitano Audiovisual" en Colegiales, además de disponer de áreas para espacios verdes. El argumento es impulsar en la Ciudad el "emprendedorismo", la innovación y las industrias creativas, en alianza con el sector privado.

Tanto el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) como la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) consideraron que la propuesta es "incompleta e insuficiente en orden de proteger el interés público". En tanto, anticiparon que aprobarían la iniciativa si se obliga a la futura Agencia de Bienes a realizar estudios de tránsito y ambientales y si se limitan las construcciones. Ambas entidades profesionales alertaron que hay ahora una suerte de vacío legal sobre la legislación que se aplicará en los terrenos que, a futuro, puedan llegar a transferirse al ámbito privado y que esa indefinición podría impactar de manera negativa a amplias zonas de la ciudad.

Por su parte, el presidente del Tiro Federal, Juan Carlos Salerni, expresó en la audiencia que el proyecto "castiga la historia cultural de la sociedad y su historia deportiva". Además, explicó que "soslaya la declaración de monumento histórico nacional pese a que el 15 de enero de 2015, tanto el ingeniero Macri como el actual Jefe de Gobierno, recibieron un oficio donde le hacían saber que el Tiro Federal en su totalidad era monumento histórico".

Por el contrario, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires se mostró a favor. Es que, con la aprobación del proyecto, Ciudad Universitaria, donde funcionan pabellones de la FADU, pasará a tener una conexión con el "Parque de la Innovación" que propone construir el Gobierno porteño. En ese sentido, el decano Luis Bruno contrastó la "poca gente" que utiliza el predio del Tiro Federal con la oportunidad que la iniciativa brinda para revertir la situación de aislamiento que padece Ciudad Universitaria. "Nuestra comunidad hoy está alejada de la posibilidad de desarrollar nuestras actividades en un marco deseable de contacto con la vida urbana", sostuvo en declaraciones a La Nación.

Del mismo modo, desde el Instituto de Investigaciones Científicas del Ministerio de Defensa dieron el visto bueno al proyecto, al considerar que el interés en la iniciativa está motivado por su "naturaleza científica y tecnológica, temas clave para el desarrollo de nuestra Nación". Además, destacaron como una ventaja la proximidad geográfica al INTI y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre otros centros del sector.

Todo parece indicar, según lo debatido en la instancia previa, que las bancadas del PRO y del Frente para la Victoria votarían a favor, aunque esta última propone incluir algunas modificaciones que están bajo análisis.

De acuerdo al kirchnerismo, los cambios propuestos por su bloque impiden que la Agencia "pueda convertirse en una inmobiliaria para habilitar negocios privados", ya que la posible venta de los bienes de dominio privado y que son propiedad del Gobierno porteño, deberán contar con el aval de la Legislatura.

"El FPV logró que todas las enajenaciones, cesiones de uso y demás operaciones con los inmuebles de propiedad de la Ciudad, tengan que ser aprobadas con los 2/3 de los votos del cuerpo legislativo, tal como establece la Constitución de la Ciudad en el artículo 82", explicaron en un comunicado de prensa.

Además, remarcaron que la Agencia administrará los bienes en cuestión –y no únicamente los venderá- con el objetivo de "promover un desarrollo territorial equilibrado y resolver los problemas estructurales". La entidad, agregaron, deberá "alinearse con los parámetros del Plan Urbano Ambiental", que contará con una sindicatura de control mayoritariamente opositor, e informar "anualmente qué inmuebles de los que administra pueden ser destinados a la política habitacional".

Por el contrario, los bloques del Partido Socialista Auténtico (PSA) y Partido Socialista (PS), Autodeterminación y Libertad, Bien Común, Coalición Cívica, FIT, PTS, y SUMA+ ya confirmaron que votarán por la negativa contra la propuesta. Lo que es una incógnita es cómo se posicionarán el Frente Renovador y Confianza Pública; en la aprobación inicial se abstuvieron.

El legislador porteño del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, cuestionó la forma en la que se dio la discusión y alertó que "no se hizo ninguna reunión de asesores y los funcionarios del Poder Ejecutivo" previa al tratamiento de la ley. Camps manifestó que la Agencia de Bienes tendrá el derecho de vender inmuebles de la Ciudad con el argumento de que "cualquier bien puede ser enajenado si el gobierno lo considera innecesario para la gestión". "Ninguna ciudad del mundo reduce su patrimonio con un argumento tan simplista e incomprensible como el de la falta de necesidad. Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una ciudad sin tener un plan de desarrollo urbano que determine qué ciudad necesitamos", sostuvo Camps en su despacho de minoría presentado en la Legislatura.

Roy Cortina, del Partido Socialista, opinó que la ley, "incluso con las modificaciones, sigue violando la Constitución". "Este proyecto se gestó mal y nacerá como una ley peor", advirtió. Además, recordó que en diciembre la norma "se votó sin debate" y que "el oficialismo comete una gran torpeza tratando de apurar los tiempos".