La Justicia convocó a indagatoria a Roberto Giordano tras el pedido de la fiscal María Paula Asaro y del titular de la PROCELAC, Carlos Gonella.
Además deberán declarar ante el juez Gustavo Pierretti, a cargo del Juzgado de Instrucción Nro. 33, más de 10 personas, entre familiares y allegados al peluquero.
Giordano es investigado por el presunto ocultamiento de activos a los acreedores de su quiebra. Le imputan haber sustraído de su patrimonio bienes para no pagar deudas verificadas en la quiebra. La mayoría de esas deudas son laborales.
La investigación se inició por la denuncia de la jueza de la quiebra Julia Villanueva, quien remitió copias del expediente a la justicia penal ante la sospecha de que Giordano había urdido una maniobra para no pagar a sus acreedores.
La magistrada fundó su decisión en la actuación pública del peluquero. En ese sentido destacó que la "intensidad y magnitud de su actividad comercial", indicaría "la existencia de un momento económico que cabe presumir millonario, y que claramente no coincide con el acotadísimo acervo afectado a esta quiebra".
A partir de esa denuncia la fiscal Asaro junto con el Area de Concursos y Quiebras de la Procelac comenzaron la investigación.
Cómo era la operatoria
Según la investigación, Giordano habría ocultado a sus acreedores al menos 17 inmuebles utilizando sociedades fantasma y testaferros.
Detectaron sociedades comerciales de origen uruguayo cuyos accionistas o directores eran familiares o personas del círculo íntimo de Giordano.
Con la documentación colectada por los fiscales Asaro y Gonella, pudieron determinar que ninguna de esas sociedades habría tenido actividad comercial en la Argentina. La única finalidad habría sido servir como un instrumento para ocultar bienes y de esa manera evitar la acción de los acreedores.
Este artificio le habría permitido a Giordano seguir controlando esos inmuebles -incluso gozando de sus beneficios- eludiendo la posibilidad de que se los ejecuten.
Entre los bienes detectados figuran inmuebles de gran valor ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en un country del conurbano bonaerense y en las zonas más caras de la Costa Atlántica.
Están citados a prestar declaración indagatoria, además de Giordano, su cuñado, su esposa, Mirta Servanda, otros familiares y personas del entorno más cercano del estilista. También está citado un escribano que intervino en los trámites para constituir las sociedades y en las escrituras de los inmuebles que habrían sido ocultados. En el pedido de indagatoria los fiscales señalaron que ni los accionistas ni las sociedades tienen perfiles patrimoniales o actividad económica compatible con la adquisición de los bienes bajo sospecha.
Además sostuvieron que el patrimonio del peluquero sería millonario pese a la mala situación económica aducida en el expediente de su quiebra.
En el pedido de indagatoria Asaro y Gonella manifestaron que "establecidas:
a) las vinculaciones entre los accionistas y representantes de las sociedades traídas a estudio entre sí y con Giordano,
b) la ausencia de giro comercial de las sociedades e incapacidad de los socios para adquirir los bienes inmuebles detallados, y
c) la continuidad por parte del principal imputado en la disposición de aquellos; demostrará que Roberto Giordano es el verdadero dueño del patrimonio que a la fecha permanece oculto a la quiebra".
Por el delito que se le imputa, el peluquero podría recibir una pena de hasta 6 años de prisión.
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