En medio del desalojo en el predio tomado de Merlo, el fiscal Fernando Capello ordenó la detención del operativo en el que participaban esta mañana al menos 1200 policías y en el que se derrumbó el 75% de las viviendas construidas por los okupas. Poco después de las 10, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Morón, informó la suspensión de los procedimientos en los terrenos que permanecían usurpados desde fines de octubre del año pasado y pidió que las 2 mil familias permanezcan en el lugar para ser censadas.
La muerte de Oscarcito, un nene de 8 años que recibió un balazo fatal en medio de una violenta disputa por terrenos tomados en Merlo, fue lo que generó la reacción del intendente y el municipio, quienes esta mañana cercaron la zona con al menos 1200 policías y desalojaron a unas 2 mil familias con problemas habitacionales. Si bien el operativos ahora fue frenado, las decenas de casillas de construcción precaria que estaban en el lugar fueron demolidas con topadoras y se esperaba la llegada de las grúas que limpiarían la zona que será restituida a sus propietarios originales. Esta mañana, testimonios afirmaron que los apropiadores fueron expulsados del predio de manera pacífica, pese a que acusaron a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, de motorizar el desalojo sin la firma del juez, lo que fue desmentido por el funcionario.
"Entraron con las topadoras y volaron todo. Dijeron que creció la delincuencia en la zona, pero los narcos tuvieron zona liberada y sufrimos la violencia de ellos", acusó Ramiro Alonso, uno de los ocupantes, quien calificó de "ilegal" al procedimiento al asegurar que existía una prórroga judicial de "180 días para el desalojo firmada ayer" y se quejó de que no había "ningún tipo d contención social" para las personas que eran retiradas del lugar. "Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras pertenencias, como camas, heladeras y colchones", denunció ante la prensa.
Los terrenos usurpados ilegalmente se encuentran en la localidad de Libertad de ese partido bonaerense, precisamente al costado de la ruta 1003. Vecinos de la zona se mostraron desesperados por la situación de violencia que se vive en el barrio desde que los baldíos fueron ocupados entre octubre y noviembre del año pasado. "La mayoría de los vecinos se sienten avasallados y desprotegidos por el Estado. Muchos de ellos sienten una ausencia del Estado que había permitido en su momento la toma de los terrenos. Hubo un incremento de denuncias por inseguridad y hechos delictivos. Esto no quiere decir que haya que estigmatizar a la mayoría de los ocupantes, pero había un grupo pequeño que estaba aterrorizando la zona", explicó en diálogo con TN Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo.
El funcionario argumentó que el desalojo fue pedido por una orden judicial a raíz de las denuncias de los propietarios que exigen que se les restituyan sus tierras. Y garantizó que el operativo para sacarlos de la zona fue "pacífico". "Tenemos en el lugar personal de la municipalidad cercando la zona garantizando la tranquilidad, necesaria para solucionar los reclamos de vivienda de muchos de los manifestantes que tomaron el predio. Obviamente el desalojo no fue consensuado", precisó.
Además, Menéndez enfatizó esta mañana que "existe un problema habitacional grande que solucionar". "Hablamos con los vecinos unas cuatro veces y la respuesta que tenemos hasta ahora es que queremos un desalojo pacífico. A todos se les explicó que la posición del municipio no es avalar ninguna toma porque eso implicaría una ausencia del Estado en términos de planificación habitacional. No hubo negociación con los ocupantes, sino que hay una decisión judicial ya que los dueños se presentaron ante la Justicia para reclamar sus terrenos", justificó el intendente.
Menéndez explicó que su intención es "recuperar el orden y la tranquilidad en ese barrio, además de trabajar intensamente en la planificación habitacional de quienes fueron desocupados". "Evaluaremos la posibilidad de urbanizar una fracción del predio. En la denuncia que hice el 22 de octubre, expresé que se usó la necesidad de los vecinos con especulación política y que ahí se coló encima la delincuencia. Por eso es importante que el Estado esté presente", resaltó.