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El fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, Mariano Miranda, explicó a Infobae los motivos por los cuales la piquetera Milagro Sala continúa detenida, a pesar de que el juez de la causa que se le sigue por instigación a cometer delitos y tumultos por el acampe que la Tupac Amaru realizaba frente a la casa de gobierno ordenó su libertad. Según explicó el fiscal, el juez pidió su detención por la causa que la acusa de haber montado una estructura junto a otros cooperativistas que y utilizaban dicha cooperativa para cobrar los fondos destinados a la vivienda social. Concretamente, Sala está acusada de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión.
De acuerdo con la denuncia que se investiga, Sala, junto a funcionarios y cooperativistas ligados a su organización, tenían una aceitada maquinaria para defraudar al Estado con el desvío de fondos destinados a obras de viviendas. "Tenían una cuenta abierta en un banco y los cheques que eran endosados por los cooperativistas eran cobrados por tres personas. Tenemos las constancias de que el día 9 de diciembre cobraron por ventanilla del banco 14 millones de pesos", explicó.
El dinero provenía del Programa Mejor Vivir que se había otorgado como anticipo de obra, "y que no llegó a las cooperativas, por cuanto habían sido extorsionados y obligados a endosar dichos cheques", sostuvo Miranda, y añadió que si bien se había perdido el rastro de quién podía haberlos cobrado, lograron, mediante distintos informes, "encontrar la cuenta bancaria donde figuran movimientos por más de 30 millones de pesos en el último mes".
"La cuenta está a nombre de una cooperativa directamente relacionada a la Tupac Amaru. El domicilio es el mismo que tiene Milagro Sala", dijo el funcionario, quien añadió que en la causa han señalado que "intervenían en el proceso con el objeto de defraudar al Estado el presidente del Instituto de Vivienda, el vocal social, la jefa del departamento contable, alrededor de 14 cooperativas, y como líder de esta asociación ilícita hemos indicado a Milagro Sala". El juez, por su parte, imputó a todos los señalados como partícipes de la cadena para quedarse con fondos públicos.
El fiscal señaló que "probablemente sea una maniobra de larga data", porque detectaron pagos en 2014 por obras que no existen, y que en los expedientes figuran como hechas, además de certificados de finalización de obra que en la realidad se encuentran con un grado de avance que ronda el 30%.
Junto a Sala hay otros cuatro detenidos y cuatro órdenes de detención, y resta aún establecer las responsabilidades de quienes debieron controlar la operatoria.