Nicolás Stulberg 162
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Una de las novedades más importantes a la que pueda dar lugar una victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta del 22-N es la fuerte impronta para investigar los casos de corrupción de los 12 años de kirchnerismo en el poder. De la mano con la idea de que lo primero que Cambiemos hará con los jueces es "nada" –"la independencia del Poder Judicial es justamente eso: que el Poder Ejecutivo no haga nada y deje trabajar a la Justicia" explica el candidato a Presidente- no se está pensando en "comisiones especiales", ni en "investigadoras" sino en dejar las pesquisas en responsabilidad de los tribunales.

El plan inicial de PRO es comenzar con dos decisiones: la remoción inmediata de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General y otorgarles a los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital fueros federales para investigar la corrupción.

La ampliación del campo de investigación para los hoy 46 Jueces Nacionales Penales se daría en el marco del traspaso de esa Justicia al ámbito de la Ciudad. Técnicamente, se extiende la cantidad de delitos que pueden investigar los jueces hoy nacionales, que serán de la Ciudad, igualándolos con sus pares federales, poniendo el foco en la corrupción política y el narcotráfico, hoy exclusivos de Comodoro Py.

La lupa estará puesta en una docena de casos que se consideran emblemáticos de la corrupción K., que comienzan con Hotesur, sigue con Enarsa y los planes de construcción de viviendas, el narcotráfico –en la relación entre funcionarios y Efedrina- y el juego. El talón de Aquiles de la ofensiva es que seguramente los investigados K acusarán a los jueces nacionales de no ser los "jueces naturales" y que en realidad se trata de una persecución política con una "justicia especial".

La lupa estará puesta en una docena de casos que se consideran emblemáticos de la corrupción K.

Lo que se está buscando es un punto intermedio entre las clásicas persecuciones políticas a través del Poder Judicial de un flamante gobierno contra el anterior y la tesis del "olvido y del perdón". Y aunque por supuesto nadie lo puede reconocer, existe una ley no escrita de la política argentina según la cual cuando se termina el periodo de luna de miel de un nuevo gobierno, las investigaciones de hechos de corrupción de administraciones anteriores, la extienden un tiempo más.

Si bien el mito es que Elisa Carrió podría ocupar un cargo que la ubique como responsable general de todas las investigaciones, quien suena como posible reemplazo de Gils Carbó es Ricardo Sáenz, actual titular de la Fiscalía 2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital. Sobre quién será el nuevo ministro de Justicia en caso de que gane Macri, no hay misterios: será Ernesto Sanz, tal como el propio candidato adelantó antes de la primera vuelta.

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Todo el plan, sin embargo, depende de varias decisiones del Congreso. No pareciera ser un problema grave hoy la futura conformación de la nueva Cámara de Diputados, ya que el bloque Cambiemos (PRO+UCR+CC), si suma en estos proyectos al de UNA (Massa), alcanzaría la mayoría necesaria. Las piedras en el camino están en Senado.

La Cámara Alta, en caso de una victoria de Macri, será la trinchera de la resistencia peronista. Sin el gobierno nacional y por primera vez en 28 años sin tampoco la provincia de Buenos Aires, el peronismo en todas sus variantes se refugiará en la amplia mayoría de su bloque de senadores para negociar y frenar todas las iniciativas de la flamante Casa Rosada. En el capítulo judicial esto juega para el nombramiento de los nuevos jueces de la Corte Suprema, para el reemplazante de Gils Carbó, y para la aprobación de la iniciativa de Patricia Bullrich de otorgarles fuero federal a la justicia nacional de instrucción de la Capital Federal.

¿Querrá el peronismo aprobarle una ley a PRO que va a acelerar las investigaciones de corrupción contra sí mismo? La lógica dice que no, pero tampoco es cuestión de aventurarse. Habrá que ver cómo es la conformación interna del bloque peronista de senadores, a quiénes responde la mayoría y si lo hará recibiendo indicaciones de lo que se considerará a partir del 10 de diciembre "el viejo peronismo" que se va del poder o de la renovación que a tono y estilo del 83, estará conformada por un heterogéneo grupo de dirigentes que va desde Sergio Massa, pasando por José Manuel de la Sota –que ya fue renovador hace 30 años- Juan Manuel Urtubey, los barones del conurbano que soportaron el tsunami como Martín Insaurralde o Patricio Mussi y dirigentes jóvenes K no camporistas, como Diego Bossio.

La iniciativa de sumar a la Justicia Nacional de Instrucción a las investigaciones federales de corrupción apuesta a provocar tres consecuencias:

1) Darle mayor impulso en el fondo y los tiempos a las pesquisas. No es lo mismo que se ocupen de toda una docena de jueces federales que cincuenta o sesenta entre los dos fueros.

2) Las investigaciones sobre la corrupción K no dependerá de solo esos doce jueces federales, con actitudes absolutamente contradictorias entre ellos y con ellos mismos en la última década. Ejemplo: Claudio Bonadío.

3) Esa docena de jueces federales han tenido que trabajar bajo una fuerte y por momentos asfixiante tutela del poder político y algunos de ellos –no vale generalizar– han adquirido ciertas mañas que Cambiemos no estaría, en principio, dispuesto a mantener.

Conscientes de que los votantes de la UCR y la CC han hecho una apuesta por Cambiemos y en particular por un líder de PRO, en función de que se impulsara y al mismo tiempo no se frenaran las investigaciones judiciales contra el kirchnerismo, es que habrá una lupa especial sobre casos que son considerados emblemáticos para la opinión pública. Veamos:

-Hotesur: Si bien los conocedores de los Tribunales dicen que al lado de otras investigaciones, en términos de volumen y de irregularidades es de regular intensidad, sin embargo el hecho de que estén involucrados desde el hijo de la Presidente y futuro diputado nacional Máximo Kirchner, a su sobrina Romina Mercado, le otorgan al caso una innegable repercusión mediática. Es comparado con el que involucró en España a la hija del rey Juan Carlos, la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin. Es más simbólico que grave, aunque por supuesto se trata de la comisión de delitos. Investigación a cargo de Claudio Bonadío.

-ENARSA: en este caso las sospechas apuntan a irregularidades y presuntos sobreprecios en los pagos de la estatal petrolera. No habría que descartar que Miguel Galuccio termine teniendo que dar explicaciones por compra de gas –GNL– al exterior. Investigación a cargo de Bonadío, que ya dispuso allanamientos a YPF, ENARSA y el ministerio de Planificación.

Aníbal Fernández hasta ahora nunca fue investigado directamente por narcotráfico, pero el contencioso que sigue contra Lanatta y el programa PPT podría deparar sorpresas

-Obras públicas: todos los cañones están dirigidos hacia José Francisco López, el ingeniero civil que se desempeña como secretario de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación Federal, desde el 2003, nombrado por el propio Néstor Kirchner. Se le observa un importante incremento de su patrimonio y se lo acusa de hacer negocios incompatibles con su cargo. Especialmente se sospecha de sus vínculos con la empresa Rovella & Carranza SA. Investigación a cargo de Daniel Rafecas.

-Transportes: la cabeza visible es Ricardo Jaime. Involucra los subsidios al transporte público de colectivos y las relaciones con las concesionarias de los trenes suburbanos. Esta es la causa más avanzada de todas. Ya hubo condenas y hasta el reconocimiento de Jaime de su culpabilidad.

-Narcotráfico-Efedrina: el narcotráfico se convirtió en uno de los pilares de la campaña electoral para la oposición y muchos analistas señalan que esa estrategia, enunciada originalmente por Elisa Carrió y luego por Felipe Solá, es uno de los motivos que explica la resonante victoria de María Eugenia Vidal en la provincia. Hay dos causas madres, en diferentes situaciones. La más resonante es la del Triple Crimen de General Rodríguez del 2008, que se llevó en Mercedes, ya con sentencia firme contra los hermanos Lanatta y los Schillari como responsables directos de la muerte. Los dichos de uno de los Lanatta, Martín, señalando a nada menos que Aníbal Fernández como "la morsa" que manejaba parte del negocio de la importación de efedrina, fueron uno de los hitos de la campaña electoral, al punto que según el propio jefe de Gabinete fueron un golpe de gracia a su candidatura bonaerense.

Desde el punto de vista judicial la causa está terminada y en el juicio oral, Fernández ni siquiera llegó a la categoría de actor de reparto, donde sí fue mencionada "la morsa", pero entendiéndose que la referencia no era a él. El otro tribunal que investiga la cuestión, la importación de efedrina propiamente dicha, es el de María Servini de Cubría. Aquí la pesquisa apunta contra los hermanos Zacarías –uno de ellos responsable de Ceremonial de Kirchner en el pasado– y el ex titular de la Sedronar, Ramón Granero. La Cámara de Casación ya confirmó el procesamiento de Granero por el tráfico de efedrina.

Aníbal Fernández hasta ahora nunca fue investigado directamente en ninguna de las dos causas, pero el contencioso que el propio Fernández sigue contra Lanatta y contra el programa PPT le dará al caso una enorme visibilidad. Y puede deparar sorpresas para cualquier lado. Por ahora, Fernández tiene junto a otros funcionarios que responder por el Plan Qunitas ante el juez Bonadío.