Emulando en algún sentido a su antecesor Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, Augusto Costa, creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y/o Etiquetas (FDR), con el objetivo de detectar irregularidades en la presentación de los productos.
La medida alcanzará a los productos de los rubros de alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica que se comercialicen en el país.
A partir de ahora, todos los rótulos y etiquetas de esos productos deberán someterse de forma obligatoria a un procedimiento de fiscalización ante la Dirección de Lealtad Comercial, con carácter previo a su comercialización. Es decir que deberán pedir autorización para lanzar novedades.
La Dirección analizará la información recabada y la muestra del rótulo o etiqueta del producto y verificará el cumplimiento de la normativa vigente, "a fin de evitar que la información contenida en el mismo pueda llevar a error, engaño o confusión en el consumidor acerca de las cualidades, composición, materias primas y aditivos, unidad de medida o cantidad, precio y eventuales recaudos o efectos adversos", agrega la resolución 420/2015 publicada en el Boletín Oficial.
Según la normativa, se van a "extremar los cuidados" en la fiscalización de los rótulos y etiquetas de dichos productos, en la medida en que la información allí contenida "resulta esencial para la decisión del consumidor emparentada con hábitos alimenticios, eventuales contraindicaciones o prohibiciones médicas particulares", o bien, "preferencias en el consumo basadas en posibles efectos beneficiosos para la salud".
La medida se justifica además "en orden a la protección de los intereses económicos de los consumidores", en aquellos casos en que las diversas presentaciones hacen mención explícita a cualidades o características destacadas del producto, ofertas o rebajas económicas que resultan habitualmente esenciales para la elección del consumidor.
Por consiguiente, señala Comercio, "quienes ofrezcan bienes del mismo tipo con diversas presentaciones comerciales –en las cuales los consumidores puedan ser inducidos a error o confusión al ver dificultada la comparación de sus características constitutivas, pesos o medidas y precios– deberán, en forma destacada y fácilmente visible, indicar la diferencia de producto del que se trata respecto de un producto elegido como referencia".
De esta forma, el Gobierno pretende evitar que en los rótulos y etiquetas existan "vacíos informativos" o, por el contrario, "se incluyan mensajes con expresiones ambiguas, desconocidas o con una pluralidad de significados que den lugar a error, engaño o confusión y lleven a los consumidores a una decisión de consumo equivocada".
La decisión generó enojo entre los empresarios, que así lo manifestaron ayer durante el Coloquio de IDEA, donde la novedad se propagó rápido. Según trascendió, un grupo de ejecutivos de empresas alimenticias evalúa por estas horas realizar una queja canalizada a través de la COPAL.
Los ejecutivos no descartan una presentación judicial ya que para ellos el packaging es parte de su propuesta comercial y esa libertad está siendo "coaccionada" por la medida del Gobierno.
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