La deuda de Argentina con Paraguay por la cesión de energía en la hidroeléctrica Yacyretá trepa a unos u$s120 millones, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda del país vecino.
El saldo pendiente por dicho concepto incluye unos u$s50 millones por energía cedida en 2013, y otros u$s70 millones desembolsados en 2014. De acuerdo a información consignada por el Tesoro paraguayo, Argentina solo remitió u$s7 millones en todo el año pasado.
La caída en el cumplimiento de los pagos, según publicó hoy el diario ABC Color, se profundizó luego del inicio de las negociaciones entre las autoridades de ambos países para la revisión del Anexo C del Tratado de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Yacyretá/a, que refiere a las bases financieras y prestación de los servicios de electricidad de la represa.
El ingeniero Hugo Lesme, miembro de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), calificó como "abuso" el comportamiento argentino con la deuda, y añadió que el gobierno de Cristina Kirchner "usurpa" los recursos y la renta correspondiente a Paraguay. "Quienes digan lo contrario solo pueden ser mercenarios disfrazados de paraguayos o argentinos", sentenció.
La central hidroeléctrica comparte una gestión binacional, ya que está construida sobre los saltos de Yacyretá-Apipé en el río Paraná. La arteria fluvial comparte los territorios de la provincia de Corrientes y del departamento paraguayo de Itapua, y abastece electrónicamente a gran parte de dicha zona mesopotámica.
A fines del año pasado, en el marco de los 40 años de la vigencia del Tratado de Yacyretá, el ministro de Planificación Julio de Vido y de Economía, Axel Kicillof, firmaron un acuerdo con las autoridades paraguayas para la cogestión de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
La cogestión estaba prevista en el tratado de Yacyretá de 1974 pero su aplicación había sido interrumpida por un decreto de la última dictadura militar, que la supeditaba a la terminación de las obras.
De acuerdo al ingeniero Lesme, la firma de este convenio vino a "legalizar" la violación del Tratado, y aseguró que la deuda "es responsabilidad de la Argentina en un 94" por ciento.