El Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro definió este lunes una condena de 18 años de cárcel para Alcides Gorgonio Díaz, el prefecto que entró a robar a la casa de Sergio Massa en plena campaña electoral.
El acusado, que durante el juicio se comprobó que había trabajado en los servicios de inteligencia, había sido condenado el 6 de marzo pasado, pero recién esta semana se definió la pena que deberá cumplir por los delitos de "robo calificado por el uso de arma apta para el disparo y robo calificado por efracción, agravado por su condición de integrante de fuerzas de seguridad".
"La fiscalía hizo ese pedido de pena y nosotros adherimos al pedido para arribar a la decisión del tribunal", confirmó el abogado de la familia Massa, Alberto Spagnolo, al diario Clarín.
Durante el juicio no se intentó determinar si Gorgonio Díaz ingresó a la casa que el líder del Frente Renovador comparte con su mujer Malena Galmarini y sus hijos en el barrio cerrado de Isla del Sol, Tigre. El juicio estuvo apuntado exclusivamente a la irrupción ilegal en el domicilio. Si fue por orden de sus superiores es algo que se intentará determinar en otra investigación.
El 20 de julio de 2013, unos veinte días antes de las elecciones primarias, Alcides Gorgonio Díaz entró a la casa de Massa. El prefecto fue filmado por las cámaras de seguridad cuando apoya su pistola con silenciador sobre una mesa para violentar la puerta trasera de la vivienda.
Unos días después, el acusado fue identificado, arrestado y trasladado al penal de San Martín. En ese mismo lugar este martes le secuestraron su teléfono celular, luego de que fuese grabado confesando ser un agente de inteligencia.
Los investigadores lograron descubrir que Alcides Gorgonio Díaz tenía un celular oculto en su celda gracias al rastreo que hicieron de una llamada amenazante que Malena Massa había recibido el 13 de septiembre de 2014 en la vivienda que comparte con el líder del Frente Renovador.
El hallazgo fue realizado por el fiscal Mariano Magaz, que llevaba adelante una investigación judicial paralela por las amenazas que recibieron Massa y su familia. Los peritos lograron rastrear la llamada hasta el penal de San Martín, donde ubicaron una "carcasa" de celular que era utilizada con seis chips distintos. A partir de ese descubrimiento ordenaron intervenir todas las comunicaciones desde ese teléfono.
Así lograron grabarlo cuando admitía trabajar como espía para el Poder Ejecutivo. "La Dirección de Inteligencia Criminal, donde estaba yo, pasó directamente a la Agencia Federal", le dice a su mujer en una de las conversaciones, cuando ambos comentaban el proyecto de reforma de los organismos de inteligencia que el Congreso discute en estas semanas.