Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a la que pertenecen los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en México, se enfrentaron el sábado con policías antimotines a la entrada de Chilpancingo, capital del estado sureño de Guerrero.
Los agentes bloquearon el avance de los estudiantes, que viajaban en autobuses, lo que dio lugar a un enfrentamiento en el que los agentes utilizaron gases lacrimógenos y los alumnos de la Normal de Ayotzinapa usaron piedras y palos.
Dos estudiantes fueron detenidos y otros dos resultaron heridos, al igual que al menos cuatro policías, de acuerdo con medios locales.
Posteriormente, los estudiantes se dirigieron hacia la Normal, ubicada en el municipio de Tixtla, pero al pasar por la comandancia de la policía municipal incendiaron una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y una ambulancia de Protección Civil.
Algunos medios informaron que los estudiantes retuvieron temporalmente a cuatro policías municipales, a los que presuntamente desarmaron.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que apoya a los familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre, indicó que "los compañeros fueron a realizar un acto de protesta en Zumpango, y al regresar tomaron unos autobuses".
"Nos preocupa que se dé este tipo de hostigamiento y represión, argumentando que (las autoridades) están protegiendo los bienes de la ciudadanía, y acusan de robo de autobuses, lo que según la autoridad amerita una acción penal por parte del Estado", declaró.
Por la noche, el Centro Tlachinollan emitió un pronunciamiento en el que denunció "enérgicamente la represión sistemática y el hostigamiento reiterado que seguimos sufriendo frente a nuestra exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos".
La agrupación culpó a las fuerzas de seguridad de los incidentes en Chilpancingo y Tixtla, y afirmó que dos estudiantes se encuentran hospitalizados en condición estable a causa del enfrentamiento inicial.
Asimismo, indicó que los dos detenidos, que ya quedaron en libertad, "fueron sometidos a malos tratos y presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo".
La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre del año pasado a manos de autoridades corruptas y miembros del crimen organizado ha provocado protestas a veces violentas en todo México y una crisis política en Guerrero que amenaza impedir la celebración de comicios en ese estado en la jornada electoral del 7 de junio.
Los familiares de los desaparecidos encabezaron el jueves diversos actos de protesta, incluyendo un mitin en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México, donde una delegación de familiares se reunió con miembros del Consejo General del organismo.
En el encuentro, los padres entregaron un documento en que plantearon una serie de alternativas a la elecciones, argumentando que no existen condiciones para elegir autoridades en Guerrero.
El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a la urnas para elegir 1.996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero.