En un comunicado leído por su vocero Stephan Dujarric en la sede del organismo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo estar "preocupado por los nuevos reportes de violencia y pérdida de vidas en Venezuela" aunque destacó "la disposición del gobierno venezolano de emprender una investigación a fondo" de los hechos.
Cancilleres de algunos países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) analizan esta semana la situación en el país caribeño. Ban respaldó los esfuerzos de la Unasur "por relanzar el diálogo iniciado en abril de 2014 entre el gobierno y los miembros de la oposición con apoyo de Unasur y la Santa Sede, para ayudar al país a superar sus desafíos y garantizar los derechos humanos de todos los venezolanos".
El miércoles cuatro estudiantes resultaron heridos durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la ciudad suroccidental de Mérida cuando protestaban por el asesinato de Kluiberth Roa, de 14 años, quien recibió un balazo de goma en la cabeza durante otra manifestación el día anterior en la ciudad de San Cristóbal.
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Amnistía Internacional lamentó la "trágica muerte" de Roa e instó al gobierno de Maduro que realice una investigación "exhaustiva e imparcial y que todos los responsables sean llevados ante la justicia".
La organización teme que la violencia se intensificará "si las autoridades no envían un claro mensaje de que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza y que la libertad de expresión, reunión y asociación serán respetadas pues son la piedra angular de un Estado de Derecho".
Alertaron que los eventos durante las últimas semanas en Venezuela sugieren que la situación política está empeorando. "El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas, la detención del alcalde de Caracas, un juez y un abogado y los casos de al menos cuatro estudiantes que han sido encontrado muertos en circunstancias desconocidas, hace pensar que la situación se está deteriorando rápidamente", advirtieron.
Human Rights Watch (HRW) instó el jueves a la Unasur a "exigir la liberación de los opositores" detenidos en Venezuela y "reclamar justicia por los abusos" cometidos por el gobierno contra manifestantes.
"Ni Unasur ni sus Estados Miembros -salvo Colombia y Chile- han manifestado preocupación" por estas dos cuestiones, indicó HRW en un comunicado fechado en Nueva York.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, afirmó que "si Unasur desea propiciar un diálogo genuino, debería en primer lugar exigirle al gobierno venezolano que deje de encarcelar a las personas con quienes tendría que estar dialogando".
Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica por una desbordada inflación que cerró el año pasado en 68,5% y el desabastecimiento de bienes básicos. Además, analistas estiman que la recesión podría agudizarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país.
La tensión en el país recrudeció tras el arresto del alcalde de la región metropolitana de Caracas Antonio Ledezma por su supuesta vinculación con un complot para desestabilizar al gobierno de Nicolás maduro, según denunció el propio presidente.