Mientras Tribunales sigue revolucionado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, avanza una de las causas que más preocupan al gobierno nacional. Se trata del caso Hotesur, la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio para determinar si hubo manejo irregular de dinero en el hotel Alto Calafate que pertenece a la familia presidencial.
A la busca de bienes o negocios no declarados, el magistrado solicitó a Santa Cruz una copia certificada de la sucesión de Néstor Kirchner. Aunque la medida fue tomada durante el fin de semana, fue recién dada a conocer este martes por el diario La Nación.
Bonadio ya tiene en sus manos las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y algunos de sus socios en la empresa que administra el hotel Alto Calafate. Una vez que tenga el documento de la sucesión, el juez cruzará los datos para determinar si la familia presidencial o sus colaboradores evitaron declarar algún ítem.
Habitaciones pagadas por empresarios cercanos pero sin nadie que las ocupe, falta de presentación de balances y direcciones inexistentes fueron apenas algunas de las irregularidades que la Justicia halló en Hotesur, la sociedad de la familia presidencial encargada de administrar el Hotel Alto Calafate.
El magistrado es uno de los jueces que más complicó al Gobierno en los últimos tiempos: procesó al vicepresidente Amado Boudou por la falsificación de papeles en la compraventa de un auto; ordenó (aunque sin éxito) la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; citó a declaración indagatoria al vocero presidencial Alfredo Scoccimarro y al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina por un spot del Fútbol para todos y procesó al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
El kirchnerismo insiste en vincular tanto esas medidas como la propia investigación del caso Hotesur con un intento de cierto ala de la Justicia para destituir o al menos debilitar al gobierno nacional.
A fines de 2013, el oficialismo avanzó en un intento para destituirlo en el Consejo de la Magistratura. Pero no consiguieron aprobar el jury de enjuiciamiento pedido. Lo que sí lograron fue sancionarlo con un descuento mensual del 30% de su salario.