El primer ministro Manuel Valls reiteró que las nuevas medidas son "excepcionales pero no de excepción" e incluyen la contratación de más de 2.600 personas, así como el refuerzo de la lucha contra el "ciberyihadismo".
"En total son cerca de 3.000 las personas que hay que vigilar", dijo Valls en una rueda de prensa junto a los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia y de Exteriores. El plan costará un total de 700 millones de euros en un período de tres años.
Para "prevenir la radicalización", el Gobierno contratará a 60 clérigos musulmanes para las prisiones, con el fin de evitar que durante su encarcelamiento se adhieran a las doctrinas yihadistas, y creará zonas especiales en las cárceles para este tipo de presos.
También se pondrá en marcha un fichero especial de personas "condenadas por terrorismo", que tendrán que informar regularmente a las autoridades sobre su domicilio y sus viajes al extranjero.
Además Valls pidió una reflexión a todos los partidos políticos sobre la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a las personas condenadas por terrorismo y anunció un proyecto de ley sobre los servicios de inteligencia que será presentado en marzo en el Parlamento.
Todas las medidas se tomarán "respetando el Estado de derecho", dijo la ministra de Justicia Christiane Taubira, respondiendo a las críticas de un sindicato de magistrados que pidió "serenidad" al Gobierno para evitar "la represión inmediata".
Como consecuencia de los atentados, el Ejecutivo decidió suprimir 7.500 puestos menos de los que tenía previstos en el Ministerio de Defensa.
En paralelo, el presidente francés, François Hollande, anunció un "plan de acción" para reforzar la transmisión en la escuela de valores como el respeto, la igualdad o la laicidad. "Ningún incidente debe quedar impune", dijo en referencia a "comportamientos que pongan en tela de juicio los valores de la república o la autoridad" de los profesores.
En Bruselas, la Unión Europea sigue intentado reforzar la cooperación entre países a pesar de la reticencia algunos miembros del bloque para compartir información.
En este sentido la Comisión Europea se mostró este miércoles dispuesta a modificar su propuesta de registro europeo de pasajeros (PNR), un dispositivo bloqueado desde 2011 en el Parlamento porque según los diputados no protege suficientemente las libertades individuales.
El ejecutivo europeo reconoció además que se enfrenta al "inmenso desafío" de garantizar la seguridad de la comunidad judía. "En algunos de nuestros Estados miembros una mayoría de la comunidad judía no está segura de tener un futuro en Europa", reconoció Franz Timmermans, el vicepresidente de la Comisión.
En Francia, la investigación sobre los atentados de París sigue centrada en los posibles cómplices de Cherif y Said Kouachi, los dos hermanos que perpetraron el ataque a Charlie Hebdo en el que murieron 12 personas, y de Amedy Coulibaly, que mató a una agente de policía municipal y luego a cuatro personas durante una toma de rehenes en un supermercado judío.
El miércoles el fiscal de París anunció la inculpación y el encarcelamiento de cuatro hombres sospechosos de haber dado apoyo material a Coulibaly, comprando chalecos para transportar municiones y gases lacrimógenos en varias armerías de los alrededores de la capital francesa.
Otro posible cómplice, el francés Fritz Joly-Joachin, que estaría relacionado con los hermanos Kouachi, podría este miércoles ser extraditado a Francia este miércoles desde Bulgaria.