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España es el último de los países donde se prohibió este sistema, que también fue rechazado por la justicia o autoridades en Holanda, Bélgica, Colombia y Nueva Delhi, donde un conductor fue acusado de violar a una mujer.


Tailandia también suspendió a Uber y otros servicios basados en celulares, como GrabTaxi e EasyTaxi.


La lista se completaba con Alemania, donde un juzgado de Berlín emitió una sentencia desfavorable contra la tecnológica del transporte. Sin embargo, un recurso dejó las cosas como estaban.


En tanto, el caso de Uber es estudiado en la ciudad de Portland, EEUU, y esta semana arribará a los tribunales de Francia.


Uber, con sede en San Francisco, se convirtió en poco tiempo en un gigante valorado en unos u$s40.000 millones, con presencia en 250 ciudades de 50 países. Hace un año operaba en 61 urbes de 21 países.


Días atrás, Uber alcanzó un acuerdo con América Móvil (Claro) mediante el cual la operadora de telefonía facilitará el acceso de la aplicación a millones de clientes.


Quejas y operaciones

Un Juzgado Mercantil de Madrid aceptó la demanda de los taxistas de la capital española y ordenó cautelarmente la cesación y prohibición en toda España del sistema Uber, alegando que los conductores carecen de autorización administrativa para el transporte de público y su actividad supone una competencia desleal, especialmente a los taxis.


"La fluidez del mercado por internet, la velocidad de comunicación del sistema Uber, empresa participada por el buscador Google, la ubicación en el refugio fiscal, la propia dificultad de citación de la demandada" y la existencia de una actividad que "infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado", requieren de esta protección cautelar, según el juez.


El magistrado español prohibió que se oferten servicios de transporte online por parte de los trabajadores de Uber y emplazó a las empresas de telecomunicaciones y a las de pago electrónico a que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la empresa.


La Justicia holandesa también prohibió ayer esta práctica y advirtió a Uber que si no cierra la aplicación Uberpop podría imponerle multas de hasta €100.000, y de €40.000 en el caso de los conductores.


Uber opera en Colombia desde fines de 2013 en las ciudades de Bogotá y Cali, pero ante las protestas de los taxistas tradicionales, el Ministerio de Transporte advirtió el mes pasado que este servicio no es legal.


En Brasil, Uber comenzó a operar el pasado junio y está presente en cuatro ciudades: San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte, hasta ahora sin trabas por parte de las autoridades, pese a que la ley establece que el transporte público remunerado de hasta siete pasajeros es una actividad exclusiva de los taxistas.


Los taxistas de Río y San Pablo hicieron una protesta para pedir la prohibición del uso de la aplicación.


La ciudad de Portland, una de las más grandes del oeste de los Estados Unidos, presentó también ayer una demanda contra Uber por operar de forma "ilegal" y ofrecer "un servicio de transporte sin regular". La empresa trabaja legalmente en más de 100 ciudades de EEUU.


En Francia, Uber opera amparada en un vacío legal desde que el pasado febrero lanzara su negocio en seis ciudades del país, servicio que utilizan unas 160.000 personas. El Tribunal de Comercio de París deberá pronunciarse el próximo viernes sobre si su filial UberPOP incurre en competencia desleal respecto a las empresas de alquiler de vehículos con chofer.


En contraste, en el Reino Unido e Irlanda Uber opera bajo el amparo del los respectivos organismos reguladores del transporte público.


En Austria, para evitar problemas, Uber es utilizado por servicios de limusinas y personas con licencia de transporte de pasajeros, no particulares.