Una delegación de la Policía Metropolitana se presentó el jueves a la mañana en el edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los policías llevaban una orden de presentación firmada por el juez Claudio Bonadio para obtener las declaraciones juradas de impuestos de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y de su familia.
El juez también solicitó la documentación impositiva presentada ante AFIP de Máximo y Florencia Kirchner, hijos del matrimonio presidencial. Y pidió las declaraciones juradas del fallecido ex presidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010. Hizo lo mismo con el empresario de la construcción, principal beneficiario de contratos de obra pública en la Patagonia desde 2003 en adelante, Lázaro Báez.
El pedido de información a la AFIP permite deducir que Bonadio investigará las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez. Y que el caso avanzará más allá de las irregularidades que cometió Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de presentación de balances.
En 2013, el diario La Nación reveló que el empresario alquilaba habitaciones de los hoteles de los Kirchner que no eran ocupadas. Y que Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de Báez, le pagó a la familia Kirchner 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011, por los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces.
Esas maniobras podrían llegar a configurar el delito de lavado de dinero. Un empresario que obtiene suculentos contratos del Estado, devuelve en alquileres parte de lo que cobró a los dueños de los hoteles que a su vez son los que deciden qué compañías son adjudicatarias de obras públicas. La actividad hotelera, por otra parte, es proclive a ser utilizada para lavar dinero ilegal, debido a la imposibilidad de controlar con precisión la ocupación de las habitaciones.
Bonadio pidió las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias también de Martín Báez, hijo del empresario, y de otros integrantes de la sociedad Hotesur: Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y Patricio Pereyra Arandia. También solicitó información impositiva sobre Adrian Berni, que además de figurar en uno de los directorios de Hotesur integra Valle Mitre. El juez abrió una investigación sobre Ricardo Leandro Albornoz, también de Valle Mitre. Esa compañía -de Báez- administró el negocio hotelero de los Kirchner.
Según fuentes judiciales, Bonadio realizó estos pedidos a la AFIP luego del allanamiento realizado la semana pasada en la oficina que había dado como domicilio Hotesur y que estaba vacía. Y a partir de ese procedimiento se encontraron datos sobre cuentas bancarias de Hotesur y también papeles relacionados con "Los Sauces SA", otra firma hotelera de los Kirchner.
Si luego del allanamiento de la semana pasada el oficialismo arremetió contra Bonadio con denuncias, y con declaraciones, luego de que el juez comience a investigar los números de la familia Kirchner y su relación con los Báez, la situación entre el kirchnerismo y el juez federal, estiman en Tribunales, se pondrá aún más tensa. Si es que se puede poner más tensa que hasta ahora.
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