163
163

"Comprar alimentos como ajo, cebolla, frijoles y tomate se ha convertido, por sus altos precios, en algo complejo para muchos cubanos, sobre todo en La Habana, donde desde hace un año se procura influir en ese indicador", afirmó un reportaje sobre el tema del diario Granma, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba. En entrevistas con funcionarios y vendedores, expuso Granma, estos atribuyeron la carestía "a la transportación, las desfavorables condiciones climáticas y la escasa e impuntual entrega de fertilizantes y abonos".

Otros análisis económicos locales han reconocido que los salarios promedio de los cubanos, de alrededor de 500 pesos nacionales, unos 20 dólares al cambio, no se corresponden aún con los precios vigentes.

El mercado interno de alimentos agrícolas en Cuba ha sido sometido por años a medidas para mantener un balance de los precios de los que se venden de manera "liberada", o sea fuera de la canasta familiar limitada mensual subsidiada por el Estado.

Con los cambios que aplica el Gobierno desde 2008, se amplió el número de mercados "de oferta y demanda", o sea donde los privados venden sus mercancías, y se han tratado de fortalecer los mayoritarios mercados estatales y de cooperativas. Los cambios trajeron que desde 2013 vendan alimentos en el país empresas y granjas del Estado, cooperativas, agricultores pequeños, vendedores mayoristas y minoristas e incluso vendedores callejeros ambulantes, observó el reportaje de Granma.

"Lo cierto es que los resultados preliminares siguen sin influir positivamente en el bolsillo de la gente", reiteró el reportaje que presentó entrevistas a funcionarios y vendedores. Algunos de estos últimos alegaron que venden a precios caros porque los compran caros y pagan impuestos altos.

Una vendedora o "cuentapropista" entrevistada por el diario, Maité Coira, afirmó que no puede bajar los precios porque debe pagar, además, "el impuesto de arrendamiento del espacio y a sus empleados". Los nuevos comerciantes privados están respaldados por la ley para ajustarse a la llamada oferta y demanda. Ante estos problemas, Julio García, viceministro primero de la Agricultura, citado por Granma, dijo que la producción nacional "aún no cubre las necesidades familiares, el consumo social y la pujante demanda del Turismo y en especial, el sector gastronómico, donde se están asentando nuevos actores como los cuentapropistas y las cooperativas (no estatales, NDR)".

Sobre soluciones, el periódico interrogó a otra funcionaria, Margarita Acosta, directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios, quien expuso que el Estado "puede intervenir" fijando precios, "pero con sumo cuidado". Otro entrevistado, Pablo Fernández, asesor del Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes, observó que a los problemas "se suma la descapitalización de la agricultura, uno de los sectores más endeudados con el presupuesto del Estado. Y en medio de esas circunstancias, es difícil encontrar incentivos para que la gente produzca más".