Siete presuntos guerrilleros de las FARC acusados de matar a dos indígenas en una reserva en el oeste de Colombia serán juzgados este domingo por la comunidad a la que pertenecían los fallecidos, informó el viernes a la AFP un líder de la etnia nasa.
Gabriel Paví, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACINC), dijo que una asamblea de unos 5.000 miembros de los resguardos indígenas del municipio de Toribío, departamento del Cauca, debatirá durante seis horas si los guerrilleros capturados son culpables y, en tal caso, decidirá una sanción.
"Una comisión investigadora va a presentar un informe a las autoridades de los cabildos. Las autoridades lo ponen a consideración de la asamblea y ella determina el remedio a aplicar a cada uno de los que han sido capturados", aseguró Paví.
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Según las autoridades colombianas y testigos, los detenidos por la muerte de los dos líderes indígenas nasa, principal etnia de la zona, también conocida como paez, integran las FARC, principal grupo insurgente del país.
Los presuntos guerrilleros atacaron a los dos líderes indígenas el miércoles, luego de que éstos retiraran una valla alusiva al fallecido jefe de las FARC, Guillermo León Sáenz ("Alfonso Cano"), abatido por la fuerza pública en noviembre de 2011.Paví dijo que "los guerrilleros uniformados y con fusil" fueron capturados ese mismo día y que "todos son indígenas, algunos del mismo resguardo" al que pertenecían los muertos.
Entre las penas contempladas por la comunidad están el "fuete (látigo), la exclusión del territorio, el trabajo forzado o la reclusión en centro penitenciario", añadió el líder indígena, quien explicó que como los hechos ocurrieron en territorio aborigen es la justicia de esa comunidad y no la ordinaria la que decide la sanción contra los acusados.
En Colombia "hay dos justicias reconocidas: la ordinaria y la indígena. Nosotros aplicamos justicia desde el derecho propio. Lo que nosotros hagamos, no lo puede volver a hacer la justicia ordinaria", aseguró el representante nasa.
La Constitución colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas jurisdicción sobre su propio territorio, salvo si sus funciones contravienen la Carta Magna o las leyes del país. La población indígena en Colombia alcanzaba unos 1,4 millones en 2005, según las últimas cifras oficiales.