Amenazaron con desalojar a la madre de José Luis Cabezas

A dieciocho años del asesinato de José Luis Cabezas, la familia continúa sin poder cerrar las heridas. Y la política, en vez de ayudar a cicatrizarlas, colabora en profundizarlas. Norma Marotti de Cabezas, la madre del reportero gráfico, vive en un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Flores, y ayer fue intimada a desalojarlo a raíz de que la gobernación bonaerense incumplió con los pagos del hospedaje, confirmó a Infobae Gladys, la hermana del reportero.

En 2013, el juez Luis María Codeglia, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13 de San Isidro, falló a favor de la familia del periodista de la revista Noticias, y ordenó que sea indemnizada por los herederos de Alfredo Yabrán y del ex custodio Gregorio Ríos, y de los ex policías a quienes se involucró en el crimen. La responsabilidad civil por "daño moral, alimentos, pérdida de chance, tratamiento médico y psicológico" también alcanzó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ser el empleador de los uniformados que secuestraron y mataron al trabajador de prensa. Los deudos reclamaron entonces una suma de $13.838.000, pero esa cifra podría ser ajustada ya que refiere a valores de 1999.

Esa resolución judicial fue apelada tanto por la esposa de Yabrán, María Cristina, y sus hijos Pablo y Melina, como por la provincia de Buenos Aires, en disconformidad con los montos estipulados en la sentencia. Mientras ese expediente aún sigue pendiente en los tribunales, el gobernador Daniel Scioli pagó en 2008 una "suma humanitaria" de 300.000 pesos a la familia Cabezas y, luego, se comprometió en el marco del juicio a abonar parte de los servicios brindados por el geriátrico en el que vive Marotti, una suma que oscila en torno a los 6.000 pesos.

Sin embargo, los pagos de la gobernación se demoraron, y ayer la institución para mayores intimó a la madre de José Luis, quien padece un delicado cuadro de salud, a desalojar la residencia porque no se canceló la deuda. "Es por un atraso en las cuotas. La plata mi mamá la necesita para pagar remedios" también, entre otros gastos, sostuvo Gladys.

La hermana del fotoperiodista contó que dialogó con funcionarios y hasta con el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, sobre este problema. "Llamé mil veces pero nunca me contestan. Siempre dicen que lo van solucionar. Es una plata que le corresponde pagar a la Provincia de Buenos Aires y a la gente de Yabrán, se tienen que hacer cargo", comentó a este medio, y protestó: "Nunca les importó nada".

Ante el inminente riesgo de desalojo y la incapacidad de afrontar los costos, Gladys junto a su abogado Alejandro Vecchi enviaron una carta documento a Scioli y al ministro Pérez en la que los intimó a "asumir la responsabilidad de hacer pagar lo adeudado y hacerse cargo en forma efectiva del grave problema de salud que padece mi madre". "Los hago íntegramente responsables de los daños y perjuicios que sufra mi madre por las demoras y los incumplimientos ya verificados hasta la fecha sin perjuicio de promover la acción penal por abandono de persona", denunció en el escrito.

En 2010, la familia afrontó otra difícil circunstancia cuando falleció por una afección cardíaca el padre del fotoperiodista, José Cabezas. Tenía 77 años. Según la hija, nunca se había podido recuperar del asesinato del reportero.

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997. Su cuerpo apareció calcinado y maniatado en el interior de un Ford Fiesta en una cava de General Madariaga, Pinamar.

Entonces se apuntó al empresario postal Alfredo Yabrán como el autor intelectual del homicidio, aunque nunca pudo ser dictaminada su culpabilidad, ya que se suicidó cinco días después de labrarse una orden de arresto en su contra. Según las reconstrucciones realizadas, Yabrán ordenó que se efectuara el crimen cuando el reportero, imitando ser un turista junto a su esposa, le tomó una foto en la playa. Una visión alternativa sobre el móvil del homicidio apunta a la Policía Bonaerense, que habría enviado un mensaje de advertencia a la gestión de Eduardo Duhalde, quien entonces era gobernador.

En el proceso judicial fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda "Los Horneros" que ejecutaron el homicidio –Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana–, así como el jefe de seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo. Ya sea por el "2x1" o diferentes beneficios procesales, todos terminaron quedando libres, con la excepción de Retana, quien murió de sida en 2001 cuando cumplía su sentencia en prisión.