La decisión fue adoptada por la jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, quien dijo que Mirta Cháves está en libertad condicional desde el miércoles pasado, al beneficiarse con una reducción de 20 meses en la pena de 17 años, a la que fue condenada por su participación en el secuestro de la adolescente, en 2004.
Bértora explicó que Cháves, que estudia Gastronomía y anteriormente cursó Psicología, fue beneficiada con la ley 24.660 que fue promulgada en 2010 y establece la reducción de la pena para los internos que cursen estudios.
La jueza reconoció "lo doloroso" de la coincidencia de la fecha de la liberación de Cháves con el décimo aniversario del secuestro de la adolescente, en la localidad de San Benito, a 15 kilómetros al este de la capital de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Entre Ríos/a.
"Esta coincidencia es triste, lamentable, pero como jueza de ejecución de penas, no puedo negar una libertad condicional en función de este aniversario", admitió.
Bértora explicó que la mujer "ha cumplido con todos los pasos que la ley requiere", además de observar "una conducta ejemplar, de trabajar dentro y fuera del penal, y de cumplir con todos los pasos que la ley requiere, incluidos los exámenes psicológicos".
Fernanda Aguirre fue secuestrada el 25 de julio de 2004, alrededor de las 16, cuando caminaba hacia su casa desde el puesto venta de flores que la familia tiene frente al cementerio de San Benito.
El principal sospechoso del secuestro, Miguel Ángel Lencina, fue detenido días después del hecho, ocurrido mientras gozaba de una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer.
El 6 de agosto de ese año, pocos días después de ser detenido, Lencina apareció misteriosamente ahorcado en la celda de la comisaría 5a. de Paraná, donde permanecía alojado.
La viuda del principal sospechoso, Mirta Cháves, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate de 2.000 pesos que exigieron los captores para liberar a la adolescente.
Durante el juicio, la mujer aseguró desconocer el destino que su marido le dio a la adolescente tras secuestrarla, algo que la investigación policial y el juicio tampoco pudieron determinar.