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Bonistas italianos que ingresaron al canje advirtieron que reclamarán cobrar toda la deuda si se les paga a holdouts

Los tenedores de bonos italianos que ingresaron al canje de deuda adelantaron que están dispuestos a ir a la Justicia si el fondo NML y otros acreedores consiguen cobrar a la Argentina un monto mayor al que el gobierno nacional les ofreció en el canje de deuda

EFE 162

El asesor legal de los italianos tenedores de bonos argentinos adelantó que están dispuestos a recurrir a la Justicia si el gobierno nacional les paga a los holdouts como ordenó el juez Thomas Griesa, ya que se incumpliría la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) establecida en el canje de deuda. La misma dispone que si algún acreedor recibe una mejor oferta que el resto, el país deberá igualarla para todos por igual.

"Cualquiera de nosotros, si acepta primero una reducción, una modificación en las condiciones en la cantidad de pago, y después ve que aquellos que no entraron... Si existe la posibilidad técnica y legal, creo que lo vamos a hacer", respondió al ser consultado al respecto el asesor legal de acreedores italianos Tulio Zembo.

El letrado estimó que al gobierno argentino le resultará "muy difícil pagar en tiempo y forma" el 30 de junio a los bonistas que ingresaron en la última reestructuración de deuda, debido a las complicaciones surgidas tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

"Todo marchaba sobre rieles, tranquilo, y ahora esta situación viene a poner a los bonistas que entraron con mucho sacrificio en la reestructuración en tela de juicio, entre dos partes con las que no tendrían nada que ver aquellos que entraron en el canje", sostuvo Zembo, en diálogo con radio Continental.

En la conferencia de prensa que dio este martes, el ministro Axel Kicillof anunció que los abogados argentinos se reunirán con el juez Griesa para analizar alternativas de pago para los holdouts. Pero, si eso no prospera, ya pulen los detalles para ofrecer a todos los bonistas que ingresaron al canje trasladar a la Argentina la sede de cobro del dinero que deben percibir el 30 de junio.

La iniciativa parece al menos complicada: pocos son los acreedores internacionales que están dispuestos a trasladar sus cobros a la Argentina, debido a que esos pagos quedarían bajo jurisdicción de la Justicia nacional y no de los tribunales de otro país.

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