Arrestaron por corrupción al alcalde que iba recibir a Boudou

Es el jefe local de Venecia, Giorgio Orsoni. El vicepresidente iba concretar un viaje a esa ciudad, pero debió suspenderlo ante la citación del juez Lijo

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Amado Boudou tenía previsto asistir la semana que viene a la Bienal de Arquitectura de Venecia, en representación de la presidente Cristina Kirchner. Sin embargo, tuvo que desistir de esa agenda luego de que fuera citado por el juez Ariel Lijo a declaración indagatoria el próximo lunes, en el marco de la causa Ciccone por la cual fue acusado por delitos contra la administración pública.

El funcionario anfitrión que iba a recibir al vicepresidente en la ciudad flotante, el alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, tampoco podrá participar del mismo evento. En una peculiar coincidencia, el detonante de la ausencia es también una complicación con la Justicia.

El derrotero por el que transita el italiano, sin embargo, es mucho peor que el del argentino. Ayer, mientras Boudou definía la suspensión del viaje a la romántica ciudad de las calles de agua, Orsoni era arrestado junto a otros 34 implicados en una causa en la que lo imputaron culpable de coimas y corrupción.

Tras tres años de investigación, la Policía italiana apresó al jefe local de Venecia y a varios políticos y empresarios de renombre por la presunta comisión de delitos vinculados a las obras de construcción del proyecto "Moisés", un sistema de diques móviles bajo el mar para frenar las inundaciones que causa el "agua alta" en la ciudad.

Según indicó la prensa italiana, las acusaciones contra quien iba a ser el anfitrión de Boudou incluyen corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos.

En el inicio de las pesquisas, la Policía financiera italiana descubrió que al menos 20 millones de euros fueron desviados a cuentas extranjeras por parte de los gestores y responsables de la obra. La investigación continuó, y encontró a Orsoni como uno de los beneficiarios y partícipes del delito.

Boudou está acusado de cometer los delitos de "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública" y "enriquecimiento ilícito" a raíz de sus gestiones presuntamente ilegales en el proceso de compra de la ex Ciccone Calcográfica. El funcionario sería partícipe de la sociedad que se quedó con el monopolio y el negocio millonario de la fabricación de papel moneda.