El fiscal federal Patricio Evers volvió a pedir este martes la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica luego de que la investigación fuese archivada por el juez federal Norberto Oyarbide.
Oyarbide se había negado a reabrir la causa contra Carlos Liuzzi tras el pedido hecho por el fiscal Evers y hasta rechazó la apelación que hizo este último.
Así Evers presentó hoy un recurso de queja directamente ante la Cámara Federal. Busca que se reabra la causa que Oyarbide archivó el 20 de diciembre de 2012.
La reapertura que solicita el fiscal es en base a "nuevos elementos" de prueba pero también porque en el marco de otra causa y en la que se había dispuesto un allanamiento, fue el propio juez Oyarbide quien confesó que lo frenó tras recibir un llamado de Liuzzi.
Evers argumentó que Oyarbide sobreseyó a Liuzzi sólo por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pero que al archivar la causa en 2012 nada dijo sobre el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
La denuncia da cuenta de que Liuzzi incrementó su patrimonio en 38 veces desde el 2003 a la fecha, que llevó adelante distintos negocios, y que el funcionario resulta titular de un campo en Mendoza por 10 millones de dólares; y diversas propiedades en Pilar y Puerto Madero.
También se acusó en la denuncia que Liuzzi tendría vínculos con la firma "Administradora de Conocimientos S.A", y que la misma fue contratista de la administración pública. Asimismo, se denunció que el funcionario sería parte de otras ocho firmas las cuales tendrían negocios con el Estado.
Al ser rechazada su apelación contra la decisión de no reabrir el caso, el fiscal Evers dirigió duras críticas en el recurso. Acusó que su decisión fue arbitraria, que lo privó de Justicia y hasta de bloquear a la fiscalía de ejercer su acción penal.
Evers acusó al juez que con su decisión de no conceder la apelación se "cercenó la función que le es propia al Ministerio Público Fiscal de manera arbitraria, y se incurrió en una situación de "privación de Justicia".
Ahora será la Cámara Federal la que analice primero si corresponde abrir la queja y luego si hace lugar al pedido fiscal de reabrir la investigación contra Liuzzi.
El funcionario volvió a quedar en la mira luego de que Oyarbide reconociera recibir un llamado de su parte, en el que lo ponía en sobre aviso respecto a que en un allanamiento policías estaban haciendo un pedido de soborno.
El magistrado consideró una "fuente confiable" a Liuzzi y frenó el allanamiento en la financiera Propyme, del empresario Guillermo Greppi.
A partir de ese episodio es que la semana pasada otro fiscal imputó a Liuzzi y Oyarbide, y ahora el juez Luis Rodríguez tiene una causa en la que ambos son acusados.