Las intenciones del CEO de YPF, Miguel Gallucio, para explotar recursos petrolíferos no convencionales encontró un nuevo obstáculo. La justicia de Chubut aceptó una medida cautelar presentada por un representante de la comunidad mapuche y ordenó detener la producción en el yacimiento El Trébol, ubicado en la localidad de Comodoro Rivadavia.
Se trata del segundo revés judicial contra la explotación de yale. La primera vez ocurrió también Chubut, en el yacimiento conocido como La Greta en la localidad de Río Mayo, al sur de la provincia. YPF replicó el amparo y presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, con el objetivo de llegar a la Corte Suprema de la Nación.
La colectividad originaria señaló que la fractura hidráulica ("fracking"), método para extraer este tipo de recursos energéticos, afecta a los acuíferos, según la cautelar presentada por el referente mapuche Marcelino Pintihueque. Es decir, puede llegar a contaminar las napas.
El amparo busca proteger los derechos individuales y colectivos indígenas, el derecho a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, el derecho al patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua.
El pozo lo había inaugurado la presidente Cristina Kirchner en febrero del año pasado. Pintihueque, patrocinado por la abogada Silvia de los Santos, pidió la medida cautelar en previsión de posibles impactos a partir de la actividad del pozo exploratorio.
Sin embargo, la medida llega tarde. Es que el pozo estaba en producción. "Las fracturas ya se realizaron y el pozo está en producción exploratoria ", aseguraron directivos de la estatal a la prensa. También dijeron que de suspender las actividades estarían "parando un pozo en plena producción".
YPF defendió sus trabajos en El Trébol. Argumentó que para todo el proceso de fractura hidráulica se usó agua de producción y no agua dulce, que fue uno de los puntos cuestionados en el otro pozo de exploración, el de Río Mayo y que sí está parado por el amparo judicial.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) emitió un comunicado en donde expresa preocupación por la reciente medida cautelar por el pozo de exploración no convencional en El Trébol.
"Consideramos necesario advertir sobre el impacto negativo que tienen decisiones de este tipo, que sin mayores fundamentos técnicos y ambientales, paralizan una actividad esencial para este momento del país, como es la de poner en producción nuestros recursos hidrocarburíferos", concluyó el comunicado.
La orden judicial la dictó el Juzgado Laboral número 2, a cargo de Iris Pacheco. Para Pintihueque no fue sencillo el reclamo: debió presentarlo cuatro veces. El fallo de la justicia es del viernes pasado.