"Fue todo ridículo. Se presentaron testigos que después se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto". Con esas palabras, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, se refirió a las distintas investigaciones que se llevan adelante contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.
En ese sentido, el funcionario consideró que hasta el momento "no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito" en la relación que el hombre de negocios cercano al Gobierno tenía con SGI, la financiera que hasta pertenecía a Federico Elaskar y se encuentra acusada de presuntas operaciones para sacar dinero negro al exterior del país.
"La UIF investigó ese caso desde antes de que yo asumiera la conducción. Y no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcción y están los certificados de obra que emite el Estado como prueba. Con la legislación anterior, para poder llevar una denuncia al Ministerio Público lo que había que probar es la actividad ilícita que estaba detrás de los fondos. Si no se prueba que la obra no se hizo, o que la licitación haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada. Los certificados de obra en este caso probaban el origen de los fondos", sostuvo.
A continuación, Sbatella recordó: "Cuando aparece la denuncia a partir de la operación de (Jorge) Lanata, el juez de la causa pide a la UIF si tiene antecedentes de los hechos y ahí se lo entregamos al juez. Pero repito, para probarse el delito de lavado tiene que probarse que el dinero era mal habido, y eso lo tiene que probar la Justicia, no la UIF".
"Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestionó que fueron ilícitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito", concluyó al respecto, en la entrevista que concedió al diario Perfil.
Sbatella fue postulado por el gobierno nacional para seguir durante otro período al frente de la UIF. Sin embargo, parte de la oposición ya presentó sus objeciones a la designación. En parte, por su desempeño en el caso Lázaro Báez. Días atrás, la diputada Elisa Carrió recordó que el funcionario está sospechado de "manipulación de la información, con claros fines políticos", lo que a su entender "pone en serio cuestionamiento sus aptitudes morales y su idoneidad. Indispensables para continuar ocupando el cargo para el que se lo postula".