La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "profunda preocupación" por la maniobra que intentó el empresario santacruceño para evitar que los medios de comunicación publiquen información referida a los vínculos de sus empresas con las de la familia Kirchner. "De ser aceptada por la Justicia, implicaría una clara práctica de censura previa", alertó.
"Si bien el hombre de negocios alega que se podría estar en presencia de la 'comisión del delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, en función del artículo 101 de la Ley 11.683, y/o del delito previsto en el artículo 14 de la Ley 25.246', ya que según afirmó la información que dio pie a esa nota periodística "habría sido obtenida de manera ilegal", la Constitución Nacional prohíbe de manera expresa la censura previa en su artículo 14", indicó. Y recordó, además, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) también prescribe que el ejercicio de la libertad de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores".
Por ello, ADEPA "exhorta a las autoridades judiciales competentes a rechazar in limine la medida cautelar solicitada, para preservar el derecho esencial a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, ya que ello es consustancial a la práctica democrática y republicana, máxime cuando se alude a presuntos negocios vinculados con funcionarios públicos", indicó la nota.
En sintonía con esa postura, el director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Andrés D'Alessandro, denunció: "Es un bozal legal, del que no hay precedentes. Sería un pésimo antecedente".