Fuertes críticas contra el intento de Báez de censurar a los medios

El jurista Daniel Sabsay consideró que la medida "no debería prosperar". La diputada Laura Alonso aclaró que "el peligro no es que lo pida, sino que un juez se lo conceda". Otros legisladores cuestionaron la medida

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Lázaro Báez se presentó en la Justicia Federal para pedir una medida cautelar a través de la cual se proteja la "confidencialidad" de la información sobre su situación contable. La decisión no tardó en levantar críticas.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay estimó en declaraciones a a href="http://www.infobae.com/temas/infobaetv-a2614" rel="noopener noreferrer" InfobaeTV/a que el planteo de Báez "no debería prosperar porque es una forma de a href="http://www.infobae.com/temas/censura-a535" rel="noopener noreferrer" censura/a". Y agregó que, además, "crearía una situación de cierta desigualdad" frente al resto de los ciudadanos.

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El jurista también recordó un famoso fallo sobre el tema, conocido como "Fontevecchia y D'amico", en el que la Corte Suprema determinó que "si la información tiene consecuencias con el interés público, cede la confidencialidad porque eventualmente se estarían encubriendo delitos". En otras palabras, "cuando se trata de aquellos que gobiernan, los estándares de confidencialidad bajan notablemente".

"Yo entiendo que estamos muy cerca de una hipótesis de censura previa porque se prohíbe a ciertas personas el derecho a informar, y se cercena el derecho a la información que tiene la ciudadanía, máxime cuando son cuestiones de interés público", compartió, por su parte, el jurista Gregorio Badeni.

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"La actividad comercial no debería ser secreta, salvo por las partes. Si alguien lo divulga, el agravio tendría que ser contra él. Y no contra los terceros que amplíen esos datos mediante el periodismo de investigación", remató.

Al respecto, la diputada del PRO Laura Alonso fue una de las primeras en criticar al empresario patagónico. "El riesgo de la 'censura judicial' sobre un periodista y un medio es altamente peligroso", opinó en su cuenta de Twitter. Y abundó: "El peligro no sería lo que Lázaro pida sino que un juez se lo conceda. En este contexto no me sorprendería que haya 'censura judicial'".

De su lado, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto cuestionó la estrategia judicial de Lázaro Báez. "Lo que hace es llevar la causa a la Justicia Federal de Santa Cruz, que recientemente reemplazó a una jueza para poner a un abogado que defiende a estos empresarios. Por eso, por un lado busca la impunidad, y por otro, la censura", opinó, también en declaraciones a InfobaeTV.

La UCR se sumó a las críticas. "Si la Justicia de Santa Cruz le llega a dar lugar a este pedido es un escándalo. Es la muestra más nefasta de cooptación de poderes, favoritismos políticos y corrupción avalada desde estructuras políticas", indicó la diputada Patricia de Ferrari. "En Santa Cruz todo es posible", completó el senador Ernesto Sanz.

Mientras, uno de los representantes de la oposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gerardo Milman, afirmó que de prosperar la medida cautelar, "se violarán todas las normas y tratados internacionales de los cuales la Argentina es firmante sobre la libertad de expresión".

"La Libertad de expresión se encuentra seriamente amenazada y nadie que tenga sus manos limpias tiene temor a la opinión pública más allá de que pueda disentir. La jugada de Báez va en consonancia con el apartamiento del fiscal (José María) Campagnoli", añadió, en referencia a la suspensión del fiscal.

Su ex compañera de bancada y aún diputada Margarita Stolbizer también sumó críticas. "En lugar de perseguir periodistas Lázaro Báez debería explicar ante la justicia su versión de los hechos y justificar los manejos de dinero", señaló.

Desde la izquierda, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano opinó vía Twitter. "Los K empezaron hablando de democratizar la información y terminaron pidiendo una cautelar para que no se informe sobre sus negociados", razonó.

A través de su abogado, el empresario patagónico Lázaro Báez presentó un escrito en el que pidió una medida cautelar para que se ordene a "los organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información", según el escrito al que accedió este medio.

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