Con el objetivo de facilitar el transporte de containers, el Gobierno busca reactivar vías que estaban abandonadas en el barrio de Retiro. Para ello, inició un desalojo de familias que habían instalado casillas sobre los rieles, abandonados hace años. Producto de la decisión oficial, hay una protesta en la bajada de la autopista Illia que se encuentra a pocos metros de la intersección de Calle 12 y Castillo.
En la actualidad el movimiento de containers se realiza a través de camiones, lo cual hace que el tránsito por esa zona sea mucho más conflictivo. El Gobierno busca poner en funcionamiento nuevamente las vías para realizar traslados desde el puerto hasta la estación Saldía. El problema es que se encontró con 27 casas construidas tanto sobre las vías como en los costados.
Hace 3 años que estas familias construyeron sus casas en esa zona. Desde anoche se iniciaron las negociaciones para coordinar un desalojo pacífico y posterior demolición. La mayoría de las familias aceptaron entre 100 y 150 mil pesos para dejar el lugar, pero hay dos grupos que aún no acordaron.
Las dos familias "amotinadas" se quejan del monto que les ofreció el puerto de Buenos Aires. Acusan que a ellos les darían "sólo" 40 mil pesos mientras que a otros grupos familiares ya les abonaron 150 mil. En una de las casas viven 10 personas y en la otra, cinco hermanos. Sí hubo acuerdo para que los trabajos de remoción de escombros estén a cargo de las cooperativas que están dentro de las villas.
Las familias que están siendo desalojadas explicaron que piden esas sumas para poder comprar 2 o 3 viviendas en la villa y ponerlas en alquiler con el objetivo de vivir de rentas.
De las 27 casas que se encontraron ayer, quedan aproximadamente 12 en pie. Entre aquellas que todavía no fueron demolidas, se encuentran las dos casas que se niegan a moverse a menos que se les ofrezca más dinero.
También hay problemas con los vecinos. Hay casas que no están sobre las vías pero que se encuentran a muy pocos metros. De hecho, algunas tienen patios construidos con pisos de cemento que también deberán ser demolidos. Sus ocupantes exigen 50 mil pesos para desojar.