Las elecciones presidenciales venezolanas de abril han sido evaluadas por el Centro Carter, que en su informe ha respaldado varias de las denuncias que la oposición ha presentado después del acto electoral de abril en el que Nicolás Maduro se impuso ajustadamente, en medio de denuncias de fraude (Ver Evidencias de fraude en Venezuela)
Los principales puntos de coincidencia están en la falta de garantías sobre el sistema biométrico y la posibilidad de emitir más de un voto, el padrón electoral que podría no estar depurado y tener entre los votantes a personas fallecidas (ver Las irregularidades denunciadas por Capriles).
La oposición denunció que según sus registros, más de 191.000 personas fallecidas habrían votado en las pasadas elecciones. Un informe de la Universidad Andrés Bello comprobó que en las elecciones de 2012 que ganó Chávez, unas 49.000 personas aparecían en los registros. El Centro Carter, en su informe sostiene que "el esclarecimiento de estas cuestiones, tal vez con un cronograma regular de depuraciones y auditorías, ayudará a aumentar la confianza y la transparencia del registro electoral".
El reporte sostiene que la población y todas las fuerzas políticas han demostrado su total confianza en el sistema automatizado de votación.
El punto más cuestionado por la oposición, que tiene que ver con las denuncias sobre personas que votaron más de una vez y donde se exige el conteo manual de las papeletas y la fiscalización de los cuadernos de votación, es analizado por el Centro Carter.
En su informe, el Centro Carter recomienda "proporcionar mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica, incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en el cronograma regular de auditorías del CNE", aunque aclara en el mismo punto que el sistema de registración en las mesas de votación se estableció en 2012 como un elemento adicional de garantía. El Centro considera que dar más información desde el CNE contribuiría a la transparencia.
Entre los puntos más cuestionados, el informe menciona el rol de los funcionarios públicos en la campaña, que actuaron abiertamente a favor de un candidato, y también el uso de recursos públicos para hacer campaña.
"Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral", dice el informe.