Hay que hacer algo para frenar la delincuencia, en eso hay consenso. Por eso es que desde mediados de agosto en el Senado de la provincia de Buenos Aires se han puesto en discusión una serie de proyectos destinados a conformar policías municipales. El fin no es eliminar a La Bonaerense, sino que sean fuerzas complementarias.
En la actualidad existen más de 60 distritos que tienen fuerzas comunales bajo el amparo de la ley 13.482. En todos los casos, los jefes policiales trabajan con los intendentes, pero reportan al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Lo que buscan ahora es ampliar los grados de autonomía.
Aunque existe una objetivo común en avanzar sobre el tema es difícil precisar en qué momento llegarán las definiciones. Y la razón es que, pese a las coincidencias, persisten marcados matices entre las iniciativas en danza.
El Ejecutivo provincial presentó su propio proyecto, que plantea formar una Policía de Prevención en las comunas de más de 70.000 habitantes. En este esquema los municipios tendrán control financiero y administrativo, pero la "dependencia orgánica" seguirá a cargo de la cartera provincial.
"Busca establecer este sistema intermedio entre lo que está y lo que puede ser en el futuro", explicó en la primera jornada de debate el diputado Iván Budassi, quien ejerció de expositor de la iniciativa de la Casa de Gobierno.
En cambio, algunos kirchneristas van por más. Envalentonados por los pedidos de una decena de jefes comunales, muchos legisladores K miran con buenos ojos las iniciativas que persiguen más autoridad por parte de los municipios.
Un proyecto de esas características es el perteneciente al diputado Marcelo Saín, miembro de Nuevo Encuentro, un espacio que se identifica con Cristina Kirchner pero que a nivel provincial promueve la figura de Martín Sabbatella y suele ser muy crítico del sciolismo. En su propuesta, el intendente es el único "jefe" de la fuerza, pero contempla sólo aquellas ciudades con más de 100.000 habitantes, ya que –sostiene- son los que gozan de un aparato burocrático lo suficientemente fuerte como para hacerse cargo de ella.
En las cinco iniciativas presentadas (además de la oficial y la de Saín, Jorge D' Onofrio, Malena Baro y Guillermo Britos tienen sus propias propuestas) existen diferencias en cuanto al sistema de mando, el modo en que se conformará cada policía, los recursos de financiamiento y la obligatoriedad o no de adherir a crear la fuerza, entre otras cosas. No obstante, la intención de llegar un texto común es firme. La "voluntad política está", aseguraron a Infobae.com fuentes que participan de las discusiones.
En cuanto a los intendentes, las posturas sobre el tema son distintas. Están aquellos que quieren tener control total sobre la fuerza, los que ya las manejan de facto y no quieren cambios, y otros que no quieren tener que lidiar con ello para no pagar el costo de un posible fracaso.
De cualquier manera lo más probable es que un acuerdo sobre un texto único no se alcance antes de fin de año. Y aun así, la implementación de la norma sería gradual: la idea es que primero se haga una prueba piloto en unos pocos distritos para luego extenderlo a los demás. Ese traspaso durará por lo menos dos años.