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En el marco del Bicentenario, la Iglesia propuso al Gobierno dirigir esfuerzos para acabar definitivamente con la pobreza o, al menos, llevarla al mínimo. El plazo para cumplir con el objetivo era de seis años, entre 2010 y 2016.

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el organismo que monitorea la consecución del plan, la meta no se está alcanzando con facilidad.

Según publica el diario Clarín hoy, el último informe del organismo indica que hay un 21,9% de personas en situación de pobreza y 5,4% indigentes. Las cifras cuadruplican las del Indec.

Además, señala que en 560 mil hogares de la Argentina, alrededor de 2 millones de personas, se pasa hambre con frecuencia.

Las familias pobres son aquellas cuyo ingreso en inferior a $2.225. Los ingresos de una familia indigente no superan los $1.085.

Los responsables del relevamiento indican que esta situación se agravó en los últimos meses debido a la desaceleración económica y la persistencia de altos índices de inflación.

Agustín Salvia, director del observatorio, sostiene que la pobreza estructural, es decir, aquella que incluye a quienes no tienen posibilidades de ingresar en el sistema, está más arraigada que en la década del 90.

Al analizar las cifras del trabajo, Salvia destaca que los índices muestran una mejoría, especialmente en 2010 y 2011, que está vinculada con "mejoras en los ingresos y a un mayor consumo, lo que no está mal. Pero fue sobre todo a través de la Asignación Universal por Hijo y el aumento del trabajo precario, sin que ello implique un cambio cualitativo de las condiciones materiales y sociales de vida".

El director del observatorio apunta que la mayor dificultad a la hora de combatir la pobreza estructural reside en que "no se logra ir más allá de ciclos económicos que, en su etapa expansiva, derraman una mayor capacidad de consumo", sin llegarse a atacar de forma integral el problema.

La situación se agrava en el contexto actual, en que "la capacidad de consumo es afectada por la inflación, que erosiona los planes sociales".

Salvia añade que los cambios profundos, aquellos que logren superar la pobreza estructural, no vendrán por "la decisión de un gobernante de aumentar la asistencia social". Por el contrario, sostiene, se alcanzarán a gracias a "políticas integrales y articuladas en materia de educación, vivienda, salud, desarrollo urbano…".

Según Salvia, los programas integrales para mejorar el estado de la pobreza y la indigencia toman entre cinco y 20 años. Así, "es posible, entonces, que en 20 años se derrote la pobreza; en 10, que no haya indigentes y en cinco, que no haya hambre".

Para comenzar, señala, es necesario que el Gobierno reconozca la realidad y no que calcule el índice de pobreza sobre la base de "una canasta con precios que no existen y que llevan a concluir que la indigencia está por desaparecer".