Importantes organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron este martes clasificar como genocidio la masacre cometida hace un año contra 72 migrantes latinoamericanos "dada la responsabilidad directa e indirecta del Estado mexicano".
La matanza debe considerarse como "como un crimen genocida de lesa humanidad y crimen de Estado, dada la responsabilidad directa e indirecta del Estado mexicano por los resultados predecibles y prevenibles de sus acciones y omisiones" en complicidad con el cártel de los Zetas, dijo el Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimiento en un documento difundido en conferencia.
Al menos 16 policías de San Fernando fueron detenidos por su complicidad en los homicidios. Para los activistas, esa corrupción demuestra "el solapamiento" de las autoridades hacia los delincuentes.
"Junto con México, deben ser juzgados también los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador" por "no garantizar las condiciones mínimas para una vida digna, por no velar lo suficiente por los derechos humanos de sus nacionales en el exterior", expuso, a su vez, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Entre el 22 y el 23 de agosto del año pasado, 58 hombres y 14 mujeres fueron masacrados en un rancho de San Fernando, un pueblo del estado de Tamaulipas (noreste) situado a unos 160 km de la frontera con Estados Unidos.
El cártel de Los Zetas fue señalado por la Fiscalía como responsable del crimen y, aunque se han detenido más de 81 personas vinculadas con esa organización, hasta la fecha no hay un sólo sentenciado.
El gobierno mexicano tampoco pudo evitar "la repetición de los hechos y muestra de ello fueron los posteriores hallazgos de 193 restos en fosas clandestinas" en el mismo San Fernando desde el pasado abril, prosiguió Delgadillo.
El sacerdote Alejandro Solalinde, quien dirige una de las más de 50 casas refugio que la Pastoral de la Movilidad Humana tiene en México donde se albergan miles de indocumentados todos los años, sostuvo que los migrantes cuando son secuestrados son obligados incluso a pelearse entre sí, como en una suerte de prueba para salvar la vida.