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Durante cinco meses, las agencias antiterroristas norteamericanas tuvieron que trabajar sin poder reclamar legalmente esta información que consideran vital para el seguimiento de la actividad de organizaciones criminales de todo el mundo. Pero a partir de ahora, como dijo el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, norteamericanos y europeos se van a dedicar a "recuperar el tiempo perdido" en esta materia tan sensible.
El nuevo acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea fue firmado ayer en Bruselas por Rubalcaba como presidencia rotatoria; la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmstrom; y Michael Dodman, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos ante la Unión Europea, en ausencia de embajador norteamericano.
El texto debe ser llevado al Parlamento Europeo para que el pleno lo ratifique en la próxima sesión plenaria, es decir, la semana que viene en Estrasburgo. Y a diferencia de lo que sucedió en febrero, cuando una parte de los populares, más los socialistas y los liberales votaron en contra, en esta ocasión tanto la presidencia española como la Comisión consultaron previamente a los grupos para garantizarse su apoyo.
"Este acuerdo es sensiblemente mejor que el anterior, o de lo contrario no lo abríamos firmado", recisó Rubalcaba cuando se le insistía para que reconociese que los eurodiputados habían tenido razón al oponerse al anterior acuerdo a pesar de sus ruegos de que no lo hicieran.
"Su mecanismo va en las dos direcciones", explicó al referirse a las características del nuevo acuerdo, que era una de las exigencias de los diputados. Por ahora, a cambio de los datos que tendrán las agencias de seguridad norteamericanas, la UE recibirá "informaciones y análisis de inteligencia" que se desprendan de los mismos.
Para hacer más equilibrada esa bilateralidad, la Comisión Europea designará en las próximas semanas a un responsable de supervisar el filtrado de las peticiones de datos que operará en los Estados Unidos en relación directa con las agencias que los reclamen.
El Tratado establece también que antes de cinco años la UE va a establecer un organismo propio de vigilancia de la financiación de organizaciones terroristas que sería el encargado precisamente de ser el interlocutor de las autoridades norteamericanas en este campo.