Con la opinión coincidente de todos sus ministros, el tribunal sostuvo que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que, por lo tanto, su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser "limitado".
"El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto", dijeron los jueces.
La sentencia -con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi- fue dictada en la causa "Consumidores Argentinos c/ EN ?PEN- Dto. 558/02 ?ley 20.091 s/ amparo ley 16.986", y declaró la inconstitucionalidad del decreto 558/02 del 27 de marzo de 2002 que modificó la Ley 20.091 de entidades de seguros.