El Consejo de la Magistratura destituyó a los jueces Juan José Galeano y Juan José Madhjoubian, por distintas acusaciones, tras un extenso proceso de enjuiciamiento.
El suspendido juez Juan José Mahdjoubián fue destituido por "mal desempeño" en sus funciones. También se comprobó que en su juzgado se "arreglaban" causas con abogados y se maltrataba a los empleados.
La decisión fue adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que destacó que esas actitudes fueron "lo suficientemente graves" como para apartarlo del cargo.
En tanto, en su defensa ante el Jury que juzgó su conducta, el juez Mahdjoubián alegó que no es "un tonto, un estúpido", por lo que "si hubiese habido algún delito lo hubiese denunciado".
Además, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Galeano por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA, especialmente el "pago ilegal" de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín.
El primer juez de la Causa AMIA fue removido de su cargo por el "pago ilegítimo efectuado a un imputado en la causa con el fin de acordar su declaración indagatoria para involucrar a personal de la policía bonaerense" en el atentado.
Galeano también fue destituido por la sostener "entrevistas informales con Carlos Telleldín" y la "filmación subrepticia sin constancia en el expediente ni notificación al sujeto, en clara violación al ordenamiento vigente".
Los nueve integrantes del Jury coincidieron en que Galeano "no puede continuar en el cargo", pues su desempeño en la investigación por la masacre de la AMIA "evidencia designios ajenos al recto ejercicio de la función jurisdiccional".
"Además, el magistrado incumplió los deberes éticos y legales que regulan su actuación jurisdiccional", sostuvieron los enjuiciadores, en una de las causales por las que Galeano dejó hoy de ser juez.
Galeano violó, también, el deber de "imparcialidad que constituye un atributo esencial de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública depositada por los ciudadanos en los jueces".
El ahora ex juez federal, quien estuvo presente en todas las audiencias del juicio político en su contra, optó hoy por no concurrir a escuchar la sentencia.
Sí estuvo su abogado, el defensor oficial Mariano Maciel, y os nueve miembros del Jury, Augusto Belluscio, Jorge Agúndez, Sergio Galia, Manuel Baladrón, Ramiro Puyol, Manuel Moreyra, Enrique Basla, Guillermo Sagués y Eduardo Roca.
En la sentencia, de unas 300 páginas, el Jury enfatizó que el pago de 400 mil dólares a Telleldín fue "ilegal" y trazó una comparación entre la obtención de un testimonio bajo esa modalidad con la aplicación de torturas para arrancar una confesión.
El voto por los 400 mil dólares y la filmación del video fue unánime, pero no así el de la otra causal que derivó en la destitución, el haber consentido y autorizado que la abogada de la querella de la DAIA-AMIA, Marta Nercellas, se entrevistara con un policía bonaerense detenido portando un micrófono oculto.
Nercellas se entrevistó con el policía Juan Bautista Huici ocultando entre sus ropas un micrófono, y Galeano sabía de esa situación, y además la consintió.
En ese expediente, seis magistrados se pronunciaron por la destitución y tres por la desestimación del cargo.
Para la destitución bastaba con que una mayoría calificada de dos tercios de los enjuiciadores (seis sobre nueve) votaran en contra de Galeano en al menos una de las 13 causas que pesaban en su contra.
Galeano fue suspendido en el cargo a principios de febrero pasado, después de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen acusatorio de los consejeros Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler.
El dictamen acusatorio incluía 13 cargos y tomó como base las
denuncias fomuladas por los integrantes de "Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra AMIA", el consejero Eduardo Orio, la diputada Nilda Garré, y los abogados Alberto Zuppi y Jacobo Furman.
Entre los 13 cargos Galeano figuraban, además del pago a Telleldín y la entrevista de Nercellas con Huici, la apertura de legajos paralelos de investigación, secretos para ciertas partes del proceso, entrevistas irregulares entre las diferentes partes, destrucción de medios de prueba, coacción a testigos, irregular detención y tortura de un imputado, falta de resguardo en la conservación de prueba (la desaparición de 66 casetes), intervención ilegal de comunicaciones telefónicas, incluso a un diputado nacional (Emilio Morello, del MODIN), manipulación de medios de prueba y abandono de la investigación con relación a determinados hechos.