Dina Boluarte blindada: Congreso rechaza las tres mociones de vacancia contra la presidenta

El Pleno del Congreso no admitió a debate las mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte con la que se buscaba declarar su permanente incapacidad moral y destituirla del cargo. Las iniciativas no superaron el número mínimo para ser debatidas.

El congresista Álex Flores, autor de una de las mociones de vacancia, acusó a Boluarte de obstruir a la justicia al haber hostigado al jefe de la Diviac, el coronel PNP Franco Moreno Panta, y al haber desactivado el Equipo Especial PNP. Exhortó a las bancadas de derecha a votar a favor de la iniciativa y advirtió que no pueden seguir respaldando un Gobierno “incapaz”

La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) sostiene que es necesario que Boluarte “venga y brinde explicaciones políticas por sus actos y desempeños”.

Finalmente, la congresista Margot Palacios (Perú Libre) enumeró los cuestionamientos que arrastra Boluarte, como la represión a las manifestaciones sociales y el escándalo de los relojes Rolex prestados supuestamente por el gobernador regional Wilfredo Oscorima.

El vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, aseguró que “vacar a la señora Boluarte es desviar la atención de los verdaderos problemas del país”. “Los que la llevaron al poder, ellos deben hacerse responsables”, dijo en referencia a las bancadas de izquierda. Un argumento similar dio Patricia Juárez.

También se opusieron los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Edwin Martínez (exAcción Popular).

La presidenta Dina Boluarte ha evitado proporcionar más información a la Fiscalía de la Nación en relación con el caso Rolex, según trascendió. Durante el interrogatorio llevado a cabo el miércoles 15 de mayo, Boluarte se limitó a repetir sus declaraciones anteriores, afirmando que los relojes eran regalos del Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Luego, Boluarte prefirió mantener el silencio durante el interrogatorio dirigido por el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Anteriormente, al aceptar que se trataba de un préstamo y dado el conocimiento de los millones de soles concedidos al Gobierno Regional de Ayacucho, la tesis de la Fiscalía planteaba un posible acto de soborno a cambio del financiamiento para obras.

Mateo Castañeda, defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, propuso al coronel Walter Lozano, integrante del equipo policial adscrito al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), desactivar el caso contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, a cambio de un ascenso. La conversación, revelada por La República este jueves, tuvo lugar el 8 de febrero en el restaurante La Terraza del Pardo en Miraflores.

En el encuentro, Castañeda planteó a Lozano promoverlo al grado inmediato superior antes del cambio de administración, a cambio de su intervención para trasladar el caso de Nicanor a una Fiscalía común. “En el casito de su hermano, no hay nada”, expresó el abogado, sugiriendo que la presidenta podría ascender a Lozano antes de que finalizara su mandato. Además, insistió en que Lozano hablara con Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para facilitar el cambio de jurisdicción.

Lozano, quien no estaba operando directamente en el Eficcop debido a su participación en el Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo (Pamoid) desde enero, respondió que solo podría actuar tras una solicitud formal. Sin embargo, Castañeda insistió en que utilizara sus conexiones con Barreto y Harvey Colchado, recomendando que estos podrían ser persuadidos.

Horas después de que el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, confirme la existencia de audios en los que Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, lo presionaría para favorecer a su hermano, el vocero de Presidencia, Fredy Hinojosa, brindó una conferencia de prensa.

“No existe la mínima preocupación por cualquier audio que podía trascender o difundirse en los próximos días”, manifestó e indicó que dichas afirmaciones “desde ningún punto de vista vinculan ni directa ni indirectamente a la presidenta”. “Son dichos de personas ajenas al Poder Ejecutivo”, expresó.

“Las conductas de la presidenta y de la institución presidencial siempre se han sujetado al procedimiento, la institucionalidad y la ley. No existe la mínima preocupación con respecto a la difusión de cualquier audio”, insistió.