
Hoy por la mañana en la sala del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata a cargo de los jueces Micheli, Esmoris y Jarazo, el fiscal de juicio Marcelo Molina tendrá su momento crucial para un proceso que comenzó en octubre último: su alegato y pedido de pena para los 21 acusados de una de las mayores causas narco de la historia argentina, el expediente "Luis XV" de 2012 con casi 25 mil fojas, en donde una banda principalmente integrada por colombianos intentó exportar más de 700 kilos de cocaína a Europa, principalmente disimulada en dos envíos.
El primero fue detectado en junio de 2011 a bordo del velero "Traful", con rumbo a Uruguay, con 444 kilos. La tripulación tuvo que abandonar la nave por un desperfecto. El segundo, en un galpón de Lanús, 253 kilos ingeniosamente disimulados en muebles de estilo, lo que llevó al nombre "Luis XV", un lote valuado en ese entonces en 14 millones de euros. Las pruebas de laboratorio fueron sorprendentes: la droga, presuntamente peruana de origen, tenía un 85 por ciento de pureza, uno de los mayores grados detectados en el mercado argentino: la cocaína de dealers porteños incautada en el último año no pasa del 20 por ciento. La droga de la banda del "Luis XV" tenía un mínimo corte de, irónicamente, levamisol, un medicamento peligroso en humanos que se usa para desparasitar vacas, presente en más de la mitad de los lotes narco incautados en España. Hay evidencia que vincula a un imputado en la causa, Jorge Peralta Porto, con narcos de peso que realizaron viajes a Perú y Bolivia, presuntamente para traer el material.
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El TOF N°2 decidió partir el juicio en dos dada la magnitud del expediente. En este proceso, se juzga por tráfico de droga a los acusados. Cuando concluya, comenzará otro, en teoría de inmediato, por lavado de dinero. En el actual juicio, los acusados integran todo el escalafón narco: desde financistas hasta jugadores de nivel medio y obreros.
La Unidad de Información Financiera, UIF, es querellante en el expediente, tal como la AFIP, con los abogados Gabriel Merola y Martín Olari Ugrotte. Ambos letrados hicieron su alegato la semana pasada. Pidieron penas duras: de 4 a 21 años, junto con un embargo colectivo para los imputados de 920 millones de pesos y el decomiso del velero usado para transportar la droga, así como el de dos camionetas. "Hay vínculos claros entre financistas y organizadores. Demostramos la existencia de una jerarquía y pedimos penas acordes", apunta el abogado Merola a Infobae. Para la UIF, no solo se trata de hormigas, sino de la reina del hormiguero.
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María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez es, básicamente, la estrella del juicio: la UIF le pidió 21 años de cárcel como presunta financista del cargamento. Es la viuda de Juan Carlos Ortiz Escobar, alias "Cuchilla", un narco confeso del cartel del Valle de Cauca, masacrado en Cali en 2001 en un golpe sicario: tres camionetas lo rodearon. Murió con diez tiros en el cuerpo. "Cuchilla", ex subteniente de la Reserva Militar colombiana, ex miembro también del cartel de Cali, dejó detrás un pequeño imperio: 92 campos, 14 sociedades y 11 cuentas corrientes desparramadas entre Cali, Palmira, Cartagena y Bogotá. Se lo acusó de mover entre 40 y 50 kilos de cocaína a Estados Unidos, a través de rutas propias.
María Claudia de la Misericordia llegó libre al juicio en el TOF N°2: en su indagatoria, dijo vivir de las rentas de tres propiedades en Colombia, que también se dedica a importar telas. Declaró también tener otras dos propiedades en Buenos Aires. Con 50 años de edad, María Claudia hoy tiene domicilio fiscal y legal en Nordelta, sobre la calle Barrancas del Lago: está registrada como empresaria en la AFIP. Había declarado, al momento de su detención, domicilio en su departamento de la lujosa torre Yoo diseñada por Philippe Starck en el megacountry de Tigre. En 2014, a pesar de la fuerte investigación en su contra, conformó una SRL, Chupitos, orientada a la gastronomía, junto a otro colombiano.
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"Se encuentra probado también el financiamiento que realizaron de las operaciones de narcotráfico aquí referidas, aportando dinero para la logística de la banda así como también para la compra del material estupefaciente", dijo sobre ella el requerimiento de elevación a juicio de la causa. La querella de la UIF pidió que "se la condene como coautora penalmente responsable en su carácter de financista en los términos del artículo 7 de la ley 23.737 en su modalidad de almacenamiento".
La viuda de "Cuchilla" había aterrizado en Argentina en 2010 junto a sus hijos, que buscaban estudiar en el país; reconoció que un funcionario implicado en el expediente borró su ingreso al país del registro de Migraciones, una suerte de favor, ya que ella estaba amenazada de muerte. Ese mismo funcionario le habilitó a Diego Restrepo, otro colombiano imputado en la causa como organizador, la llegada de una lora africana al país, un regalo para su esposa. Para Restrepo, la UIF pidió diez años. María Claudia llega al caso "Luis XV" con un vínculo al menos inquietante: Alejandro Gracia Álvarez, alias "Gato Seco", capo narco, la primera gran sombra del caso "Luis XV" y el presunto dueño de parte de la droga más pura que alguna vez salió de Capital Federal. Fue el socio de María Claudia, en un punto que el TOF N°2 de La Plata deberá esclarecer.
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"Gato Seco" llegó extraditado a la Argentina desde Bogotá hace dos meses, según informó Clarín, en un operativo bastante espectacular que incluyó a efectivos del grupo GEOF, para terminar rápidamente en el penal de Ezeiza. Lo cruza la típica mitología de los capos colombianos: se sospecha, por ejemplo, que fue soplón de la DEA. El Tribunal N°2 de Lomas de Zamora decide su suerte: ya lo procesó en una causa por tráfico de drogas. Por una cuestión procesal, "Gato Seco" no es parte del juicio "Luis XV"; estaba prófugo en Colombia cuando se elevaron las actuaciones. La querella sostiene que María Claudia financió con dinero del narcotráfico las operaciones de "Gato Seco". En su primera indagatoria, María Claudia reconoció que le dio 130 mil dólares a Gracia Álvarez. Dijo que ella sabía que "Gato Seco" era un traficante, pero que el dinero no era para droga sino para remodelar un restaurant y abrir otro, llamado "Gabo" con un socio con un apodo brillante: "Tonto Hermoso".
Una escucha de mayo del 2011, la número 115482, es al menos sugestiva. En ella, según un documento de la causa, "Alejandro Gracia se comunica con María Claudia señalándole que en Colombia ya estaban todos los intervinientes en el negocio, pero que no viajaría hasta que esté concretado, que iría cuando se den las cosas, situación que demuestra que la imputada estaba al tanto del desenvolvimiento del 'negocio'".
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En el primer juicio, hay un gran ausente, la segunda sombra de "Luis XV": Ignacio Alvarez Meyendorff, alias "Gran Hermano", el supuesto líder supremo de todo el esquema. Extraditado desde el país a Estados Unidos en 2013, la Justicia americana lo buscaba por mover toneladas de droga en un nuevo megacartel junto a su hermano Juan Fernando, buscado por el Departamento de Estado americano con una recompensa por cinco millones de dólares. Ignacio tenía su imperio también en Colombia; más de 200 propiedades que el gobierno de su país le decomisó. Un verdadero capo, menos sanguinario que el promedio, con un altísimo nivel de facturación.
"Meyendorff estaba vinculado fuertemente con Gracia Álvarez: lo recibe a Meyendorff cuando viene al país para lavar dinero del narcotráfico" afirma una fuente en el expediente. Sin embargo, su familia será la protagonista del proceso por lavado que seguirá al juicio en el TOF N°2: están acusados y embargados su madre, su hermano Felipe y sus tres hijos.
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