La Corte Suprema frenó un desmonte en Jujuy por las groseras irregularidades del proceso

Con los votos de cuatro de sus cinco ministros, la Corte Suprema frenó un desmonte en Jujuy por las groseras irregularidades que detectó en el estudio de impacto ambiental y la falta de audiencia pública.

El conflicto gira en torno a la empresa CRAM SA, que fue autorizada a desmontar 1470 hectáreas, a partir de dos resoluciones, en la finca La Gran Largada, ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara. La prensa local ha atribuido la firma a la familia Macedo, que entre sus filas tiene a un ex embajador en Bolivia y un ex Secretario General de la Gobernación.

Argentina es uno de los diez países que más desmontaron en los últimos 25 años: se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a la superficie de Entre Ríos. Aunque 1470 hectáreas podrían parecer una cantidad menor, se trata de un ejemplo entre cientos y cientos de casos en todo el norte del país en los que los permisos de desmonte se otorgan prácticamente con los ojos cerrados.

Lo cierto es que contra las resoluciones de la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy se presentó un recurso de amparo para anular ambas disposiciones, lo que fue concedido en primera instancia, pero luego rechazado por el Tribunal de Justicia. Este último fallo ahora fue revocado por la Corte Suprema, que confirmó la nulidad de las dos resoluciones.

La sentencia del máximo tribunal se basó en tres cuestiones y en la aplicación del principio precautorio en materia ambiental. En primer lugar, la Corte Suprema detectó una serie de irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que derivó en un informe con algunas observaciones que no fueron tenidas en cuenta al conceder el permiso.

Por ejemplo, en el informe se menciona un bañado que no figura en el plano presentado, la existencia de sectores colinados con pendientes superiores al 9%, la necesidad de proponer medidas de mitigación y el peligro de erosión, entre otras cosas. 

En segundo lugar, se autorizó a desmontar 1470 hectáreas, pese a que el informe de impacto ambiental había sido hecho sobre 1200 hectáreas y en la causa se comprobó que sólo se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, que ni siquiera se inspeccionó la mitad del terreno.

Por último, la Corte Suprema subrayó que no hubo audiencias públicas, sino que apenas se publicó una de las dos resoluciones en el Boletín Oficial provincial.

El conflicto de las familias de Palma Sola es más amplio e incluye, también, su pretensión de frenar las pulverizaciones con agroquímicos, entre otras cuestiones. Hubo, en el medio, peleas y hasta detenciones de campesinos. La decisión de la Corte Suprema les dio la razón en una de esas aristas, luego de una década de reclamos.