PepsiCo: tres semanas de conflicto en la gigante de los snacks

Un 20 de junio se encontraron con el aviso en la puerta. La fábrica en la que habían trabajado durante años iba a cerrar. Un mensaje formal, telegráfico, técnico. "Cese de operaciones", "relocalización", "liberación transitoria de prestar servicios", fueron algunas de las palabras escritas en el cartel pegado por PepsiCo para comunicarle a sus 535 trabajadores que, a partir de ese día, se quedarían sin empleo. La medida los tomó por sorpresa. La compañía alimenticia no había registrado problemas financieros, comerciales ni de facturación en el último año. Tampoco hubo nada del derrotero habitual por el que pasan las empresas argentinas cuando entran en crisis, como despidos, suspensiones, recortes de horas o pagos discontinuados de los sueldos.

Con el pasar de los días y horas, la empresa dio precisiones sobre su decisión. Resolvió cerrar su planta de producción de snacks salados de la calle Posadas al 1200 en Florida, municipio de Vicente López, por la "inviabilidad económica" de encontrarse en un barrio residencial y ampliarse, "su alta estructura de costos" y "las dificultades logísticas de acceso y traslados". Presentó también en el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (PPC), que un día después retiró.

PepsiCo es conocida en todo el mundo por comercializar primeras marcas de snacks, galletitas y gaseosas. Las filial argentina genera 2.400 empleos directos y exporta el 25% de la producción local a los mercados de Chile, Paraguay y Uruguay. A nivel global, Pepsico facturó 62.799 millones dólares en 2016, de acuerdo con su último balance. En la región, ese volumen representa una participación del 10,9%, es decir 6.820 millones de dólares. "En América Latina nuestros negocios están funcionando bien", dijo la CEO de la firma, Indra Nooyi, también conocida como "La Dama de Hierro de Wall Street".

El 26 de junio, un nutrido grupo de operarios encabezados por sus delegados gremiales decidieron ocupar el establecimiento. Desde un comienzo, rechazaron las ofertas de PepsiCo de pagar una indemnización agravada del 200 por ciento, incluyendo los años de antigüedad en el cómputo, junto a una extensión de la cobertura médica por 6 meses más sobre el mínimo legal. La mayoría de los empleados aceptaron el ofrecimiento, mientras que el resto apostó a la conservación del empleo, pese al anuncio "irreversible" de la compañía de poner fin a las operaciones.

La propuesta de indemnizaciones de la compañía contó con el aval de la dirigencia del sindicato de Alimentación (STIA), encabezado por Rodolfo Daer. La venia de Daer a los despidos provocó un duro rechazo de los obreros de PepsiCo a su secretario general, a quien calificaron de "traidor" y lo repudiaron en un plenario general del gremio. En ese grupo están los delegados de la fábrica, que integran una lista gremial opositora a Daer vinculada con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), del Frente de Izquierda. Este sector ya había protagonizado otros conflictos intensos en la rama de de la actividad de la alimentación, como el que se llevó a cabo en 2009 en la fábrica de Kraft Foods, la ex Terrabusi de la localidad bonaerense de Pacheco.

Con el respaldo de dirigentes y diputados de izquierda, organizaciones políticas y sociales, de derechos humanos y sindicatos afines, los obreros de PepsiCo se amotinaron en la planta de Florida y protagonizaron varias protestas por el centro porteño, en reclamo de la intervención del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para que garantice la preservación de los empleos. Sin embargo, eso no iba a ocurrir. Lo había anticipado el jefe de Gabinete Marcos Peña en una conferencia de prensa. "El Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial de ese tipo", dijo en alusión al cierre de la fábrica de snacks. Las actuaciones de la cartera laboral, en su rol de árbitro de la disputa, había terminado cuando la multinacional estadounidense ofreció la doble indemnización.

En paralelo a la toma, el centro del conflicto se trasladó hacia el ámbito judicial. Días atrás, el fiscal Gastón Larramendi pidió el desalojo de la planta al considerarla una "intrusión ilegal", tras una presentación de PepsiCo. "El reclamo gremial es algo totalmente lícito, pero como todo, todos los derechos no son absolutos y donde termina un derecho empieza el otro. El derecho de reclamar, de huelga, no puede avasallar a todos los demás", sostuvo.

Los trabajadores, por su lado, denunciaron penalmente a la multinacional por realizar un lock-out ilegal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Además, señalaron que a PepsiCo no le alcanzará para abastecer la demanda con lo que produce en su planta de Mar del Plata (en la ciudad balnearia se relocalizaría parte de lo que se elaboraba en Vicente López), por lo que el plan sería reabrir un nuevo establecimiento en Florida con empleos precarios.

Pese al cruce litigioso, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, terminó avalando la postura del fiscal y ordenó que se concrete la desocupación de la fábrica a través de la fuerza pública. El lunes, hubo protestas de los obreros en la sede del tribunal para que no se concrete la resolución. Todo indicaba que ocurriría durante la noche, por lo que la tensión se fue incrementando en las últimas horas. Los mensajes con pedidos de solidaridad y que daban cuenta del aumento de los uniformados en la zona, se multiplicaron.

Mientras se acercaba el desenlace, un grupo de madres de PepsiCo resolvieron escribir una carta a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Las mujeres son protagonistas del conflicto: más de 200 forman parte del grupo cesanteado. Muchas son sostenes de familia. "Le pedimos que no lo haga, que no permita que la (Policía) Bonaerense, sobre la cual usted es responsable, nos golpee y nos desaloje violentamente", decía la misiva que recordaba que el #NiUnaMenos no es solo contra los femicidios, sino "contra todo tipo de violencia hacia las mujeres".

La carta a Vidal fue el último recurso. Con un fuerte operativo, personal de Gendarmería nacional y de la Policía Bonaerense cumplió esta mañana la orden de desalojar y tomó el control de la planta.

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