Torturas, violencia de género y extorsión: así funciona el "Estado paralelo" de los puestos de La Salada

La serie de casi 60 allanamientos y la detención de 30 personas, incluidos el denominado "Rey de La Salada", Jorge Castillo, y varios integrantes de la feria en Lomas de Zamora, destapó algunos detalles sobre el funcionamiento y la existencia de un Estado paralelo tanto dentro del predio cerrado como en los miles de puestos callejeros que estaban instalados en las inmediaciones.

El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien actúa en la causa por extorsión y asociación ilícita, dio detalles del funcionamiento y el accionar de las tres bandas cuestionadas por la existencia de los puestos, una de las cuales estaría liderada por Castillo, el principal accionista de la feria Punta Mogotes.

El dato que llamó más la atención y que despertó un mayor grado de sorpresa entre los investigadores radicó en la metodología de los grupos que comandaban los puestos callejeros contra aquellas mujeres que realizaban robos en la zona.

Según especificó el propio fiscal, aquellas mujeres que eran señaladas como "mecheras" o ladronas, se convertían en víctimas de una suerte de secuestro, violencia de género y torturas.

"Se trataba de una práctica habitual en la feria. Tenemos acreditado cómo se hacía justicia por mano propia. De alguna manera funcionaba una suerte de Estado paralelo", relató Scalera.

Y especificó: "Algunas mujeres, que dentro de esa feria paralela eran señaladas como mecheras, eran llevadas a un lugar cerrado, como galpones. Allí eran encerradas, se las desnudaba y una vez dentro de ese galpón y rodeadas por sujetos masculinos, alguien les pegaba con un cinturón", describió el fiscal al canal TN.

La Justicia posee material fílmico de esa metodología de tortura y se confirmó que la práctica era realizada por las tres bandas investigadas, una de las cuales funcionaba bajo la tutela del propio Castillo.

Además, la Justicia cuenta con el testimonio de algunas mujeres que fueron víctimas de esas torturas.

Según aseguró el fiscal de Lomas de Zamora, entre los más de 30 detenidos durante la madrugada del miércoles, hay algunos responsables de cometer esos actos aberrantes.

"Cuando nosotros tomamos contacto con las pruebas de video de esas prácticas quedamos tan sorprendidos como cualquier persona que lo escucha ahora. A mi modo de ver, en un principio se incurre en el delito de secuestro", advirtió Scalera.

La investigación también desnudó otros actos ilegales que llevaban a cabo las cúpulas de las bandas que manejaban los puestos callejeros y el predio cerrado de la feria.

Entre los más esperables, se encuentra el cobro de un canon a los puesteros para poder ejercer su trabajo en la zona. Las primeras versiones indican que las bandas cobraban a los vendedores un pago ilegal de 500 pesos por día para poder llevar a cabo la tarea en un puesto de un metro de largo por un metro de ancho.

Así y todo, existían otro tipo de extorsiones para los vendedores: las bandas en cuestión también realizaban un cobro ilegal por la presencia de una seguridad privada propia en la zona.

Además, se les exigía a los vendedores el pago de un bono de contribución y cobros ilegales por servicio de limpieza. También se debía pagar, para quien lo precisara, por la explotación de un estacionamiento lindero.

El fiscal Scalera no dio detalles sobre el tipo de coacciones que generaban el no pago de esos parámetros por parte de los vendedores.

Sí se confirmó que a lo largo de los 57 allanamientos realizados por la causa, se secuestraron más de diez armas de fuego, ninguna de las cuales estaba debidamente registrada.

Además, Scalera advirtió que entre las más de 30 detenciones hay un efectivo de la Policía Federal y dos de la Policía Bonaerense, quienes participaban en los cobros de los pagos ilegales en los puestos y quienes daban vía libre para el funcionamiento de la feria paralela en la calle, pese a la prohibición establecida en abril de 2015.

Además, el fiscal indicó que se encuentran en curso otras investigaciones dentro de la Feria en las que estarían vinculados barrabravas de clubes de fútbol argentino. De acuerdo a diferentes versiones periodísticas, se trataría de hinchas violentos de Boca Juniors y Los Andes.

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