
Un conjunto de mujeres ya empezó a cobrar la indemnización por el caso de los implantes "truchos" PIP, luego de que se confirmara su peligrosidad para la salud y la responsabilidad comercial de una de las compañías involucradas. En este grupo de damnificadas hay 336 argentinas que están recibiendo un resarcimiento provisorio de 3.000 euros.
La reparación económica se produce luego de que la corte de apelación de Francia dejara firme un fallo contra la empresa certificadora alemana TÜV, en la que se la condenó a pagar 60 millones de euros a las 20.000 demandantes que están esparcidas alrededor del mundo. En Latinoamérica, se estima que ascienden a 7.000 las personas perjudicadas.
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En aquella resolución, la Justicia gala rechazó un pedido de suspensión de ejecución de pena que había planteado la demandada.
La abogada Virginia Luna, que representa a damnificadas argentinas, destacó que se trata de una "sentencia firme provisoria", y que se espera otro fallo que establecerá un monto mayor, del orden entre los 13.000 y 30.000 euros.
"En 2013 ya ganamos otro juicio penal contra el fabricante, que fue condenado a 4 años de prisión y por ese fallo 120 argentinas están cobrando una indemnización del Fondo de Garantías del Estado francés, de 1.800 euros. Este también es un resarcimiento provisorio, por lo que el monto después debería ser mayor", indicó la letrada.
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El escándalo de las prótesis mamarias estalló en el año 2010, cuando se conoció que la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) utilizaba un gel de silicona no homologado para uso médico, en vez del gel Nusil autorizado. Todo fue en pos del lucro y para incrementar el margen de ganancias de la compañía, ya que este tipo de implantes son más baratos que los habilitados por las autoridades sanitarias y tenían una mayor probabilidad de ruptura de las glándulas mamarias.
La utilización de las prótesis "truchas" conllevó a que el fundador de PIP, Jean-Claude Mas, fuera condenado en mayo de 2016 a cuatro años de cárcel por la utilización durante años del gen fraudulento y por engañar a los organismos de control y de certificación.
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Más tarde, la responsabilidad terminó siendo compartida también por la certificadora TÜV, la firma que debía fiscalizar a la compañía francesa. En un comienzo, esta empresa alemana se defendió alegando que fue una víctima más de la negligencia de PIP.
Sin embargo, el tribunal de Comercio de Toulón, del sur de Francia, entendió en enero pasado que había evidencias de que PIP estaba cometiendo un fraude y que TÜV no verificó "la adecuación entre la adquisición de los diversos componentes necesarios y la fabricación de los implantes mamarios", pese a que esta verificación "es una base primordial del control impuesto por las directivas europeas". Esta conclusión judicial es lo que terminó confirmando la corte de apelación francesa el 2 de mayo pasado.
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Para la abogada Luna, hay muchas argentinas que aún no iniciaron el reclamo y que deben apurarse a presentar la demanda ya que "la causa madre tiene un plazo de prescripción en breve". Se calcula que en el país hay entre 13.000 y 15.000 argentinas que se colocaron estas prótesis entre 2006 y 2009.
"Hasta ahora logramos sentencia firme en la Justicia argentina para que las prepagas den cobertura a las pacientes que tuvieron problemas con los implantes PIP. En esos casos se trata de cirugía reparadora. Todavía no conseguimos que den cobertura preventiva, a aquellas que tienen los implantes y se los quieren remover en forma preventiva", contó la letrada al diario Clarín.
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