Una empleada judicial estafó a unos 200 inmigrantes chinos y los dejó sin nacionalidad

Wei Jia nació en China hace 50 años y desde 2002 vive en Buenos Aires. En 2005 decidió iniciar los trámites para obtener la carta de ciudadanía en la provincia de Córdoba sin imaginarse que más de 11 años después iba a ser uno de los protagonistas de un insólito problema judicial.

Aquel año, Wei se presentó ante el juzgado Federal 1 de esa provincia, a cargo del juez Víctor Bustos Fierro. Había viajado para el trámite porque leyó en un semanario chino que las cartas de ciudadanía se tramitaban en Córdoba. El inmigrante confió en la información y se trasladó en compañía de su gestora al juzgado.

Allí, certificó que cumplía con todos los requisitos de la ley 346 de ciudadanía (residencia mayor a dos años en el país, no tener antecedentes penales y demás documentos exigidos por la normativa). El 26 de octubre de 2006 lo citaron para hacer la jura y frente al juez y su secretario, se convirtió en ciudadano argentino. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el hombre recibió una notificación del Ministerio del Interior en la que le avisaban que la carta de ciudadanía había sido anulada.

¿El motivo? La condena contra una empleada de la Secretaría Electoral del juzgado que tenía a su cargo en forma exclusiva la gestión de los expedientes de carta de ciudadanía, entre los que estaba el de Wei. De acuerdo con el fallo, la mujer -identificada como Olga Liliana Borneo Santillán– en muchos casos falsificó la firma del juez Bustos Fierro y hasta de un fiscal. Fue acusada de los delitos de supresión de documento público, falsificación de documento público y partícipe necesaria de falsedad ideológica.

Es decir, la carta de ciudadanía de Wei Jia fue elaborada de manera irregular y para la Justicia no tiene validez. Infobae dialogó con Deborah Huczek, la abogada del inmigrante chino, quien brindó detalles del drama que hoy está viviendo su cliente.

"Lo que dice esta sentencia que contiene 700 hojas es que ella fue infiel porque en algunos casos falsificó la firma del juez y en otros falsificó la firma del fiscal. Lo vino haciendo durante cuatro años a razón de 100 cartas de ciudadanía por año. Para un juzgado de una provincia es demasiado. ¿Cómo no pudo ser advertida la maniobra?", preguntó la letrada.

En ese sentido prosiguió: "Porque no sólo está el juez sino también está su secretario, quien tiene que revisar que el expediente cumpla con los requisitos. En la sentencia, además, estaba involucrada la hermana de Borneo Santillán, quien iba a todas las juras de los ciudadanos y le acomodaba todas las carpetas". Para Huczek, está claro que las falsas cartas de ciudadanía las hacía a cambio del cobro de dinero.

"Mi cliente lo que hizo fue pagarle a la gestora china. Le pagó unos 4000 o 5000 pesos a la gestora. No sabemos si fue derivado algo de ese dinero a esta mujer pero seguramente gratis no lo hizo", afirmó. Según dijo, hay en total unas 535 personas que juraron ante Bustos Fierro y sus cartas fueron anuladas once años después. De esas, 200 son inmigrantes chinos. También hay ciudadanos italianos, peruanos y paraguayos. Borneo Santillán, en tanto, fue condenada a tres años de prisión en suspenso y a pagar 70 pesos de multa. "Aparte de que falsificó la firma del juez, qué valor entonces tiene la firma del juez, si una persona la saca tan barata", se quejó la letrada.

La dramática situación de un apátrida

El drama de Wei y de los casi 200 chinos no termina ahí. De acuerdo con las leyes del país asiático, está prohibido contar con dos nacionalidades. Es decir, que al momento de jurar como argentino, el hombre de 50 años dejó de ser chino automáticamente. De hecho, su pasaporte le fue retirado en ese momento. Esto lo deja en una situación casi increíble. Debido a que la justicia argentina anuló su carta y había renunciado en 2005 a su primera ciudadanía, al día de hoy, Wei no pertenece a ningún país. Es un apátrida, tal como lo definió su propia abogada.

"La situación de todas estas personas es muy complicada, al igual que la de mi cliente. Jamás se sospechó de su buena fe porque nunca fue imputado. Se resolvió sobre la situación sin siquiera preguntarle cómo fue que llegó a ese punto. Quién lo llevó. Cómo fue la mecánica. Sin escucharlos, se resolvió anular las cartas de ciudadanía", lamentó.

Durante diez años, Wei fue argentino y ahora le anularon sus documentos. Ningún Estado lo reconoce como ciudadano suyo. "Estamos planteando esto ante el juzgado Contencioso Administrativo Número 9", agregó la abogada. Como si fuera poco, cuando su cliente recibió la notificación del Ministerio del Interior diciéndole que la carta había sido cancelada, él fue a consultarlo a la Dirección Nacional de Migraciones y ahí mismo lo detuvieron por "uso de documentos falsos". Estuvo dos días privado de la libertad y tuvo que pagar una fianza de 100.000 pesos.

"Él tiene un supermercado en Recoleta, tiene otra propiedad y su hijo incluso es argentino. Fue a votar. Cumple con todas las obligaciones como ciudadano. Como estuvo preso, Migraciones le impuso pautas de comportamiento como si fuera un criminal. Tiene que comparecer cada 15 días y la intención de Migraciones es deportarlo, pero el problema es que no saben a dónde, porque ya no es chino. Además tiene toda su familia acá. Su esposa también es china pero es residente permanente", detalló Huczek.

En el juzgado de Córdoba consideraron que tanto Wei como el resto de inmigrantes fueron personas perjudicadas que confiaron de buena fe en la realización del trámite. "Lo que pasa es que no previeron las consecuencias que esta resolución les genera. Porque si mi cliente quisiera iniciar un nuevo trámite de ciudadanía con qué documento lo hace. Eso habla del desconocimiento de las leyes de migración por parte de los jueces que resolvieron. Además, las leyes internacionales dicen que cuando un apátrida actuó de buena fe en casos como este no se le puede sacar la ciudadanía. Tienen que conservar ese derecho", aclaró.

Su abogada está dando la pelea presentando medidas cautelares, pero Migraciones avanza con el proceso de deportación. "Es un panorama bastante insólito y el hilo siempre se corta por el lado más delgado. Esa mujer sigue impune por lo que hizo. Fueron unas 535 cartas anuladas, 400 de las cuales pude ver en el expediente. En el caso de los ciudadanos chinos lo más grave es que debe haber varios por el mundo que están varados. Hay otros que no deben saberlo", dijo la abogada.

Lo cierto es que Wei, como decenas de otros, no pudieron ni defenderse a pesar de que la justicia de Córdoba los consideró víctimas de un fraude. "Esperemos que el contencioso administrativo sí aplique la Constitución", finalizó.