Quién es Belén, la joven tucumana encarcelada por un aborto espontáneo

Desde hace más de cuatro meses Belén espera en una celda minúscula de Tucumán. Está allí por un crimen que no cometió, por el que no existen pruebas, mientras diferentes organizaciones sociales se movilizan de manera constante reclamando por su liberación.

La muchacha, de 27 años, espera una respuesta de la Corte Suprema de la provincia, que tiene hasta tres meses más para dar su veredicto. El caso ocupó algunas de las principales portadas de noticias, pero la vorágine de lo cotidiano fue fagocitando su exposición y, en la actualidad, si no fuese por la fuerza de su familia y el acompañamiento de las entidades, no tendría una voz que pueda pedir por ella.

Durante la última entrega de los Premios Platino, el caso volvió a repercutir, cuando la actriz argentina Dolores Fonzi mostró un cartel pidiendo libertad para la joven tucumana.

El caso

Belén llegó el 21 de marzo de 2014 a la guardia del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán por una hemorragia vaginal intensa que apenas le permitía moverse. Luego de una revisión, el médico fue contundente: "Era un aborto espontáneo". Belén aseguró, y asegura, que desconocía estar embarazada.

"El caso Belén nos llega de manos de una organización con la que venimos trabajando estrechamente hace muchos años, Católicas por el Derecho a decidir", explicó a Infobae Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El aborto natural es un problema más común de lo que se cree. De cada 10 embarazos, de 1 a 2 terminan prematuramente, ya que el embrión no puede sobrevivir por sí mismo fuera del útero en una etapa tan temprana de la gestación. Además, se produce al principio del embarazo; de hecho, 8 de cada 10 casos suceden durante el primer trimestre de gestación.

El profesional pidió cinco días de internación. Ella creía que la pesadilla terminaba, que la reclusión la ayudaría a salir adelante, pero estaba equivocada. Era solo el comienzo. Cuando despertó su madre estaba allí, sosteniendo su mano, en una fría sala atestada de doctores, enfermeros y policías, que la revisaban y llenaban actas.

Durante las primeras horas de esta primera reclusión, personal del hospital público encontró en uno de los baños un feto e inmediatamente asumieron que era de ella y la denunciaron. Todo sin tener ninguna prueba, testigos, filmaciones o siquiera un análisis de ADN o, al menos, la intención de realizarlo.

Ella explicó a la justicia que un enfermero le trajo el feto en una cajita y la insultó por lo que le había hecho: "Mirá, este es tu hijo". "Yo le decía que eso no era mío", le respondía la joven a las acusaciones constantes.

Belén fue detenida en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. El fiscal de la causa luego cambió la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, que tiene una pena mayor de hasta 25 años de prisión. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio.

La repercusión mundial

Así, Amnistía Internacional Argentina se involucró para visibilizar el caso internacionalmente. Entonces mientras las organizaciones locales hacían el trabajo en la propia provincia, tanto en la defensa legal como en las movilizaciones de reclamos puntuales, desde A.I. lanzaron la herramienta que se llama Acción Urgente: "Esta se activa cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en​ ​extrema situación de riesgo​ o sus derechos han sido vulnerados injustamente".

La respuesta fue inmediata. De todo el globo llegó correspondencia y las redes sociales permitieron que se reunieran, hasta el momento, más de 120 mil firmas exigiendo "su libertad inmediata, que se garantice el derecho a la confidencialidad médico-paciente y que se investigue a médicos y autoridades policiales por su accionar".

"​En el caso de ​Belén​ tanto médicos como policías violaron su derecho a la privacidad y la acusaron injustamente y la maltrataron", dijo Belski.

A.I. es una organización sin fines de lucro, integrada por decenas de miles de personas de todo el planeta, que aúnan su capacidad de presión enviando cartas, faxes y mensajes de correo​ lo más rápidamente posible al país de que se trate​ para terminar con esa situación de violación a la que la persona es expuesta. Desde la organización explicaron que vienen desarrollando este tipo de trabajo desde hace varios años, documentando casos y poniéndolos en el foco del debate público y, de hecho, realizaron un informe que recoge los patrones regionales de violencia contra las mujeres, tortura u otros malos tratos en los ámbitos de salud sexual y reproductiva.

"En estos días ha salido un dictamen del Ministro Fiscal Edmundo Jesús Jiménez, quien calificó al fallo de "arbitrario" y "nulo"; si bien es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quien debe decidir en un plazo de 90 días hábiles", explicó Belski, quien se encuentra en "El Jardín de la República" organizando reuniones y tratando de que el tema llegue a todas las esferas de la sociedad y el Estado.

"Hemos tenido encuentros con altos funcionarios del Gobierno, quienes se han mostrado preocupados por el caso y han manifestado, por ejemplo, que se encuentran trabajando en un protocolo entre Ministerio de Salud y Secretaría de Derechos Humanos para la atención de casos de este tipo. ​Un gesto positivo también es el comunicado de la semana pasada en el que el gobernador, Juan Manzur, declaró 'que el tema le preocupa' y aclara que dio expresas instrucciones ​ a la ministra de Salud y a las secretarías de Derechos Humanos, y de Gobierno, para que realicen un seguimiento".

La ausencia del Estado

Según los especialistas este tipo de casos denotan la ausencia de políticas públicas tanto a nivel Nacional como local en materia de atención de abortos legales. Además revela la falta de importancia que los gobiernos le han dado al fallo FAL de marzo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La Corte Suprema es el único poder del Estado que ha dado señales claras y específicas de cómo debería implementarse el aborto legal en nuestro país. Para los médicos es imprescindible contar con Protocolos de atención de abortos no punibles. Pero para que esto suceda tiene que haber una decisión política de generarlos e implementarlos de manera contundente, no solapada", agregó Belski.

Esto implica también capacitar tanto a operadores del sistema de salud como a los del poder judicial. Además, una buena política Nacional resultaría clave debido a que impulsaría a las provincias a adherir o a generar sus propias regulaciones locales. Un primer paso, quizá, sea la implementación del modelo de protocolo de atención de aborto legal que generó el programa de salud sexual y reproductiva de la Nación el año pasado. Mientras tanto, Belén espera.