Piden elevar a juicio oral la causa contra Boudou por la compra de autos de alta gama

Amado Boudou deberá someterse a un nuevo juicio oral y público luego de la audiencia reciente en la que logró ser sobreseído por un auto con papeles truchos. Esta vez, el ex vicepresidente deberá dar explicaciones por la compra en 2009 de 19 vehículos de alta gama cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy el envío a juicio de Boudou, del ex titular de la SIGEN Daniel Reposo, de los ex funcionarios del Ministerio de Economía Álvaro Palencia Reffino y Benigno Vélez, y del presidente y vice de la concesionaria Guido Guidi S.A.,  Fernando Guidi y Guido Guidi respectivamente.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que todos fueron acusados de los delitos de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública y uso de documento público falso. El fiscal entendió que la causa está cerrada y ahora el juez deberá pedirle opinión a las defensas. Luego quedará en condiciones de pasar el caso a juicio.

En la causa se investigó la compra directa -a través de una subasta de Guido Guidi S.A– de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía.

Según la acusación del fiscal González,  la compra se debió haber hecho por licitación pública debido a los 2.131.400 pesos que se pagaron por los autos. La normativa establece que la compra puede ser directa cuando es inferior a 300 mil pesos.

También sostuvo que hubo una intención de hacer la operación con la concesionaria Guido Guidi porque los funcionarios del Ministerio fueron a ver los autos un día después de la fecha de la subasta, que luego fue reprogramada. "¿Quién va a ver automóviles que se subastan un día después de la fecha en que se llevaría a cabo la misma? Es evidente que los funcionarios del Ministerio de Economía mantenían comunicaciones con los integrantes de firma Guido Guidi SA por fuera de lo plasmado en el expediente administrativo", sostuvo el fiscal en su dictamen y agregó que en la subasta no se presentaron otros oferentes.

También destacó que Boudou tendría una relación personal con Guido Guidi porque el ex vicepresidente tenía una foto en su despacho donde se los ve juntos.

"Pese a que los implicados manifestaron durante sus declaraciones indagatorias que la adquisición de tales automóviles era absolutamente necesaria, lo cierto es que a los pocos días de adquirir dichos rodados, nueve de ellos fueron cedidos –mediante contratos de comodato- a otros ministerios -tales como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación- pese a que no consta un pedido formal de tales ministerios que justificara los comodatos", agregó González.

Además, uno de los autos fue utilizado por Reposo, quien como titular de la SIGEN intervino en el expediente de la compra en dos oportunidades avalando las irregularidades, según destacó el fiscal. Una de ellas se determinó que una firma de Reposo era falsa.

"Queda claro que los sucesos desplegados por diferentes funcionarios pertenecientes a la administración pública tuvieron como fin maquillar lo que en realidad habría sido una compra directa de diecinueve (19) automotores efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación a la firma Guido Guidi SA por un importe perjudicial para el Estado. Tal maniobra habría obedecido a una decisión del titular de la mentada cartera ministerial (Amado Boudou) de comprar vehículos ofrecidos por una "firma amiga", trámite que no podría haber transcurrido con la celeridad e irregularidades detalladas, a menos de que contara con el aval de la más alta autoridad ministerial", resumió González.

Este será el tercer juicio oral al que es enviado Boduou. El primero fue por los papeles falsos del auto Honda en el que fue sobreseído semanas atrás. El segundo es por el caso Ciccone que se prevé que en estos días se fije la fecha de inicio.

Si el juez Torres entiende que la causa de los 19 autos está para ser elevada a juicio, el expediente pasará a un Tribunal Oral Federal que deberá primero determinar qué prueba se analizará en el proceso y luego poner la fecha de inicio.