Alejandra Gils Carbó advirtió que no renunciará por las sospechas en la compra del edificio de la Procuración

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, aseguró que en caso de que el presidente Mauricio Macri la destituya por decreto se quedará trabajando en su oficina porque sería un acto inválido. "No lo puedo aceptar, es inconstitucional", aseguró.

En el mismo sentido contestó la jefa de los fiscales cuando le consultaron sobre la posibilidad de ser citada a indagatoria en una causa judicial que investiga la sospechosa compra de un edificio en la calle Perón, donde hoy funciona la Procuración General de la Nación.

"La única manera de destituir a la procuradora es con las mayorías parlamentarias. No sería la primera vez que me citen a una indagatoria. No puedo desatender el rol que me impone la Constitución ante las presiones que se ejercen sobre la Justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del Gobierno", aseguró Gils Carbó en diálogo con Reynaldo Sietecase en radio Con Vos. 

En las últimas semanas empezó a circular el rumor de que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal podría ser destituida por decisión del jefe de Estado. También hay una versión que asegura que podría ser llamada a declaración a indagatoria por el juez federal Julián Ercolini.

Gils Carbó atribuyó ambos trascendidos a la "presión" que ejerce el Poder Ejecutivo Nacional para que abandone su oficina. Rechazó, además, los dichos del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien aseguró que le había pedido la renuncia en una reunión privada.  "No es cierto, es parte de lo que se está creando para que el falso rumor pase a ser noticia",  analizó.

Sin embargo, anticipó que si sale el decreto, "haría acciones judiciales" y "habría una muy fuerte reacción de los organismos institucionales". Además, explicó: "No puedo acatar un acto de esa invalidez porque expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto y por qué no los ministros de la Corte, si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes".

Sobre su participación en Justicia Legítima, Gils Carbó admitió ser "miembro de la Comisión Directiva" pero aclaró que son "un grupo de magistrados progresistas en el ámbito de la justicia" que "no tiene afiliación partidaria, como se ha querido hacer creer".

"No tengo vinculación política con el kirchnerismo. Fui examinada durante seis horas por los senadores que votaron en un 93% mi designación. Encontraron garantías de independencia", se defendió.

Asimismo, la procuradora comparó su situación con su par en Venezuela, Luisa Ortega: "Maduro está pretendiendo destituirla por un modo contrario a la constitución, que prevé la participación de la Asamblea Nacional. Lo mismo que me pasa a mí, que están procurando armar una mise-en-scène (puesta en escena) para justificar una destitución por decreto. ¿Por qué la quiere destituir Maduro a Ortega? Por cumplir su rol constitucional. Ha denunciado violaciones a derechos humanos".

"No soy militante de ningún partido, siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. No soy enemiga ni opositora, tengo que cumplir un rol que establece la Constitución que es defender los derechos de las personas y la Constitución", sentenció.

Gils Carbó también hizo referencia a la compra del edificio de la Procuración, bajo sospecha por el supuesto pago de una comisión a un pariente de un funcionario. Al respecto, defendió que ella, que está imputada, no tuvo participación: "No hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho. Si reconozco que hubo irregularidades porque separé a un funcionario. Surgió en los medios una factura por la cual un pariente de un funcionario habría cobrado una comisión de tres millones por asesorar al oferente en la licitación".

"Pude haber asumido y nombrado un nuevo Secretario General de Administración, que es lo más normal con un cambio de gestión. Sin embargo, todo el trámite lo hicieron funcionarios de la procuración que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato, inferior a la tasación oficial, 25 funcionarios controlaron el trámite, de distintas áreas: planificación, arquitectura, secretaria general de administración y logística. Se hizo una comisión con tres distintos letrados de distintas áreas. Hubo dictámenes de jurídicas, auditoría interna y externa", ahondó sobre el proceso de compra.

Y completó: "Funcionarios controlando una venta donde el precio era el mejor, más oferentes que licitaciones anteriores y ninguno de ellos la detectó, menos pude yo que tengo todo ese aval de los funcionarios. ¿Si era el más barato que manipulación pudo haber?".

Nuevamente, la funcionaria judicial vinculó estas causas al gobierno nacional: "Se está intentando crear una sospecha de corrupción en la procuradora para justificar el desplazamiento con modos ilegales e inconstitucionales, porque no han tenido las causales ni votos para un juicio político".

Sobre esto, argumentó: "Mis movimientos financieros son una caja de ahorro en pesos, que es la caja sueldo. Lo que gano entra por ahí, lo que gastó sale por ahí. Por eso nunca nadie hasta hoy me ha acusado de corrupta. Ni siquiera los detractores me han acusado de corrupta, hasta que se vienen a alentar estas causas de compra de la procuración encontrando presuntamente una irregularidad, que hay que investigar a fondo. Hay que investigar qué irregularidad hubo en la compra de (el edificio) de Perón y lo que más quiero es un pronunciamiento".

Consultada sobre si daría un paso al costado, Gils Carbó fue tajante: "¿A usted le parece que en un contexto de violencia hacia la Justicia, el escándalo internacional en que se vería envuelta la Argentina? Que ya existe por la detención ilegal de Milagro Sala, donde personalidades de todo el mundo le han reclamado a Macri por su liberación. Si a eso se suma una destitución por decreto al mejor estilo Nicolás Maduro, ¿en ese contexto voy a dejar al Ministerio Público Fiscal y a los fiscales sin el respaldo que hoy tienen para investigar todas las causas? Si me desplazan a mí o yo renuncio para que el Presidente pueda poner un hombre de confianza, como hizo en la Ciudad cuando nombró a un diputado del PRO y en la Provincia también alguien de confianza. ¿Ud se piensa que los fiscales van a sentir el mismo respaldo para investigar todos los casos de corrupción?".