
(Desde Valencia) Mauricio Macri obtuvo aquí un fuerte triunfo diplomático al lograr que el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, fuera designado presidente del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de capitales (GAFI), un ente multilateral integrado por 34 países que recomienda la estrategia jurídica para bloquear el financiamiento de actos terroristas y operaciones de narcotráfico. Otamendi fue designado por unanimidad y su programa institucional establece la incorporación de jueces y fiscales de todo el mundo que investigan delitos trasnacionales, el uso de las redes sociales para alertar sobre ISIS y los carteles de la droga, y la ejecución de una agenda diplomática que profundice la influencia mundial del GAFI.
La elección de Otamendi implica una paradoja y un punto de no retorno con el pasado reciente de la Argentina. Cristina Fernández está procesada por lavado de dinero y es investigada por el asesinato del fiscal federal Alberto Nisman, mientras que Carlos Menem está procesado por encubrir a presuntos implicados en el ataque terrorista a la AMIA y condenado por tráfico de armas. No hay antecedente histórico que supere la situación penal de estos dos expresidentes.
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Las acciones que se le imputan a CFK y Menem son combatidas expresamente por las 40 recomendaciones del GAFI, y en otra coyuntura institucional la Argentina jamás hubiera sido candidata a conducir este prestigioso organismo mundial. Pero el Gobierno tiene una estrategia multilateral –que incluye el ingreso a la OCDE y la organización del G20—y Otamendi llegó a Valencia para ejecutar ese plan diseñado en la Casa Rosada.
El GAFI es "observado" por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos organismos con peso propio a nivel global. Precisamente Christine Lagarde, directora general del FMI, planteó aquí que se intensifique "la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal".
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Asimismo, Lagarde sostuvo que había que "ahogar" los flujos financieros que facilitan los ataques terroristas y afirmó que la evasión fiscal implica una "mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios públicos".
Otamendi cenó con Lagarde y la invitó a Buenos Aires para participar del próximo plenario del GAFI que se hará en octubre. La directora del FMI aceptó la invitación y quedó en dar una respuesta formal. "Tiene ganas de venir, pero todo quedará supeditado a su agenda", comentó el secretario de Justicia a Infobae.
La tarea de Otamendi será compleja. Debe articular las distintas perspectivas que tienen los principales países del mundo, tiene que agilizar los procedimientos de un organización que puede pasarse una hora discutiendo una nota al pie de un documento oficial que pocos leerán y ya corre contra el tiempo frente a un enemigo de dos cabezas que maneja millones de dólares sucios, no tiene moral y ataca en los cinco continentes. Terroristas y narcotraficantes operan en sigilo y ejecutan su faena de noche y de día.
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Para Argentina, es un triunfo diplomático presidir el GAFI durante un año. Y también una extraña encrucijada política. Puede ocurrir en el futuro que una nueva recomendación del GAFI debe tratarse en el Senado Nacional.
Allí estarán –si no sucede un acontecimiento inesperado-, Cristina y Menem para fijar posición.
Cuando tomó en cuenta esta posibilidad, Otamendi sonrió con una pizca de resignación. Y prefirió avanzar sobre el postre, antes de opinar sobre los dos expresidentes que animaran las elecciones de octubre. Un acontecimiento político clave para el país y distante para los delegados del GAFI, que no paraban de elogiar el discurso de Lagarde y maldecir el pegajoso calor de Valencia.
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