Alejandra Gils Carbó se defiende en la causa por la compra del edificio de la Procuración

El fiscal Carlos Rívolo inició hace unos días una investigación preliminar. Era por la sospecha de irregularidades en la compra del edificio de la Procuración General de la Nación, operación hecha por el organismo conducido por Alejandra Gils Carbó.

Este jueves por la mañana la fiscalía de Rívolo, a cargo de Guillermo Marijuán efectivizó la denuncia. El caso por sorteo le tocó al juez Julián Ercolini quien a su vez está de turno con la fiscalía de Rívolo. Esa fiscalía imputó cerca del mediodía a Gils Carbó y a otras personas para iniciar la investigación.

La hipótesis denunciada señala que la Procuración compró el edificio en 43,8 millones de pesos y una inmobiliaria cobró una comisión superior al 18 por ciento de la compra: 8 millones de pesos.

La denuncia que originó la apertura de la investigación por parte de Rívolo señalaba que ligado a la inmobiliaria Jaureguiberry que cobró la comisión, estaba el ex marido de Gils Carbó, Héctor Alonso. Fue en una nota del diario Clarín del domingo pasado donde se reveló la existencia de la investigación preliminar de Rívolo.

Esta mañana, luego de la denuncia y de la imputación, el juez Ercolini impuso el secreto del sumario en el expediente y ordenó varios procedimientos. Casi al mismo tiempo que esto sucedía, Gils Carbó nombraba a Alejandro Rúa como abogado defensor en la causa.

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Según pudo comprobar Infobae, Gils Carbó hizo una presentación en la que explica el proceso de compra del edificio de la calle Perón 667 y niega cualquier vinculación de su ex marido -con quien inclusive tiene conflictos judiciales– con el hecho.

En el escrito, Gils Carbó reseña paso a paso cómo fue el procedimiento para realizar la compra del edificio. Detalló las fechas de las resoluciones y precisó cómo fueron las cinco ofertas que hicieron diferentes empresas para vender edificios de las características del buscado por la Procuración.

El edificio que finalmente fue comprado por la Procuración fue el de Perón 667 propiedad de la firma Arfinsa S. A, integrante del Grupo Bemberg. Según explicó Gils Carbó en su escrito, el Tribunal de Tasaciones de la Nación avaló el precio pagado (cotizó el edificio en 45 millones) y todo el proceso estuvo controlado por la Comisión de Preadjudicación de la Procuración.

Señaló también que se estableció mediante el pliego que si alguien debía pagar una comisión a una inmobiliaria no iba a ser la Procuración sino que podría hacerlo el vendedor del inmueble.

Esa es la base de la investigación judicial: por qué se pagó una comisión -según la denuncia- mucho mayor a las que habitualmente se pagan en operaciones inmobiliarias.

En su escrito, Gils Carbó critica el modo en que se informó sobre la relación de su ex marido con la operación inmobiliaria. El abogado de la Procuradora señaló que Gils Carbó, luego de conocerse la noticia de la investigación "se comunicó con su ex marido, quien negó tener ninguna vinculación con las sociedades con las que esa publicación pretende relacionarlo, ni con los hechos del caso. Por lo demás, desde hace años mi asistida no mantiene trato con su ex marido, contra quien incluso ha impulsado demandas judiciales, lo que descarta de plano cualquier vínculo entre ellos y más aún, cualquier interés por beneficiarlo".