Un fiscal ya investiga el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió un expediente sobre el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino S.A., que gestiona la familia Macri, sobre la deuda que la compañía tiene con el Estado y que fue considerado como un abuso y un "perjuicio" por parte de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que pidió que sea rechazado.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rodríguez abrió formalmente una investigación interna que podría derivar en una denuncia administrativa o penal y pidió más información sobre el caso para incorporar al expediente. A eso se suman cuatro denuncias penales que diputados de la oposición y abogados presentaron contra el presidente Macri y su padre, el empresario Francisco Macri, dueño del Correo.

La fiscal Boquín fue quien puso en conocimiento a la PIA del caso. Lo hizo ante lo que consideró podría ser una irregularidad en la intervención en el concurso preventivo del Correo de Juan Carlos Mocoroa, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, porque tenía una designación transitoria y no contaba con una autorización expresa para representar al Estado en el expediente.

Rodríguez, como titular de la PIA, recibió hoy la causa y abrió una carpeta de investigación en la que incorporó los dos dictámenes que la fiscal presentó en la causa, uno en diciembre del año pasado y otro de este martes. "Estamos leyendo los dictámenes y analizando el caso", le dijo a este medio uno de los funcionarios de la PIA que trabaja en el caso.

Desde la Fiscalía le pidieron a Boquín toda la información y documentación que tenga en su causa para agregar al expediente. Hicieron hincapié en el estudio que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación y que concluyó que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino implica una quita de deuda de 4 mil millones de pesos y de más de 70 mil millones a 2033.

La investigación interna de la PIA puede tener varias derivaciones. Una es que no encuentren en el caso objeciones para realizar. Otra es que sí las encuentren. En ese caso, podrían ser de índole administrativa o penal, o ambas, por lo que se avanzaría en las correspondientes denuncias.

Por otra parte, hoy se presentaron en los tribunales de Comodoro Py cuatro denuncias penales contra Macri, Franco Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el abogado Mocoroa, por distintos delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública. Las denuncias fueron hechas por diputados del Frente para la Victoria, por los ex legisladores de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti y por dos abogados.

El gobierno de Macri y el Correo Argentino –controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri– firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda que la empresa tiene con el Estado desde 2001 y por el que atraviesa un concurso preventivo. La deuda original era de 292 millones de pesos pero los técnicos de la DAFI estimaron su crecimiento por el paso de los años, el valor del dólar tras la salida de la convertibilidad y la tasa activa de interés del Banco Nación.

La fiscal Boquín le pidió a la Cámara Comercial que rechace el acuerdo de pago de 15 cuotas anuales con un interés del 7 por ciento porque implicaba una quita del 98,82 por ciento de la deuda. "Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente", sostuvo.

Según la fiscal –en base al cálculo de la DAFI– la quita de la deuda a febrero es de 4.227 millones de pesos y de 70.163 millones proyectada a 2033, año en el que está previsto el pago de la última cuota. "La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional", consideró.

Desde el Gobierno defendieron el acuerdo. "A Franco Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses", dijo Mocoroa en diálogo con Radio Nacional. "Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses", agregó el abogado.

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